El viticultor, enólogo, docente y bodeguero mendocino Daniel Buono es también un criterioso comunicador de los problemas y desafíos que viven no sólo la vitivinicultura local y nacional, sino también la comunidad donde hombres y mujeres de carne y hueso trabajan para generar capital social. En esta columna, aborda con profundidad filosófica un tema de urticante actualidad: el rol del Estado para «promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad», como reza el Preámbulo de la Constitución Nacional argentina.
«Las palabras pueden decirse de cualquier modo, pero las cosas no se hacen de cualquier manera».
(Albert Camus)
El contrato social, esa vieja promesa republicana donde el ciudadano cede parte de su libertad a cambio de orden, justicia y protección, padece hoy una patología degenerativa.
En la periferia de las grandes luces urbanas, allí donde el asfalto se calienta con el sol del interior y los hombres miden su día por el sudor de la jornada, el Estado ha dejado de ser un refugio para convertirse en un depredador de la honestidad.
Asistimos a una inversión de los valores fundamentales: un ecosistema donde las estructuras públicas, financiadas por el esfuerzo del contribuyente, parecen diseñadas para asfixiar al trabajador honrado mientras exhiben una lenidad pasmosa -cuando no una complicidad tácita- frente a la delincuencia y la corrupción estructural.
Para desentrañar esta trama no basta el análisis estadístico ni el lamento de café; se requiere cruzar los puentes de la gran literatura existencial, la filosofía política del siglo XX y las crónicas vivas de nuestras calles mendocinas. El calvario de un vendedor ambulante en las puertas de un hospital, la sanción administrativa a una humilde escuela de artes marciales y la opulenta impunidad de las campañas políticas no son hechos aislados: son síntomas de un mismo mal.
La anatomía del engranaje: de la pesadilla de Kafka a la impunidad electoral
En los pasillos ministeriales y en los despachos municipales se ha instalado un fantasma que Franz Kafka describió con precisión quirúrgica en El proceso. La tragedia de Josef K -protagonista de El Proceso– no radica en la inminencia de una condena, sino en la naturaleza invisible, laberíntica e inaccesible del poder que lo juzga. En el universo kafkiano, el individuo está permanentemente en falta ante una ley que jamás se le explica, administrada por burócratas grises que justifican su existencia mediante la acumulación de expedientes, sellos y actas de infracción.
Esa misma opresión burocrática se materializó recientemente, cuando una escuela de Taekwondo de barrio fue sancionada con el peso implacable de las normativas de higiene urbana por el «crimen» de pegar panfletos en la vía pública para atraer alumnos. El inspector municipal que redactó el acta actuó con la rigidez de un autómata, aplicando el frío texto de la ordenanza bajo el sagrado dogma de «preservar el espacio común».
Sin embargo, el realismo político nos obliga a levantar la mirada y observar el calendario. Cuando llegan los tiempos electorales, el mismo mobiliario urbano que se defendía con celo monacal es impunemente profanado por la clase política. Paredes públicas y privadas se cubren de engrudo y afiches con rostros sonrientes de candidatos; los postes de luz se saturan de pasacalles peligrosa y visualmente contaminantes; los cordones se pintan con consignas partidarias. En ese instante, la norma se suspende. Las cuadrillas políticas actúan bajo el amparo de la noche y el silencio cómplice de los preventores.
La paradoja es obscena: el ciudadano que busca alumnos para enseñar disciplina y valores a los jóvenes y ganarse honradamente su pan, es multado; el dirigente que busca el poder para administrar el erario público viola la ley gráfica con total inmunidad y financia su campaña, indirectamente, con los impuestos del multado.
La contradicción resalta aún más si se tiene en cuenta que algunos políticos son hombres de trabajo, que valoran el trabajo, doy fe de esto. Sin embargo, pareciera la burocracia los hubieran superado como un gran monstruo, como un leviatán que arrasa con lo humano. La burocracia, así, no busca el orden, sino el control del débil y la genuflexión ante el poderoso y se transforma en tiranía.
La banalidad del mal en la gestión pública: el caso de José Camargo
Cuando Hannah Arendt asistió en 1961 al juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén, legó a la humanidad una de las advertencias filosóficas más profundas de la modernidad: la banalidad del mal. Arendt descubrió que las mayores atrocidades de la historia no requieren necesariamente de monstruos sádicos o mentes demoníacas; basta con burócratas eficientes, hombres y mujeres «terroríficamente normales» que renuncian al pensamiento crítico y se limitan a cumplir órdenes, despojados de toda empatía y desconectados de las consecuencias humanas de sus actos.
El martes 19 de mayo de 2026, la banalidad del mal caminó por las inmediaciones del Hospital Pediátrico Humberto Notti, en Guaymallén, Mendoza. Allí, José Camargo, un hombre de 57 años y padre de 6 hijos, sostenía su conomía vendiendo pastelitos, churros y café a los padres que esperaban en la intemperie por la salud de sus niños. Los inspectores y preventores municipales, resguardados detrás de sus uniformes y del cumplimiento estricto del código de convivencia que prohíbe la venta ambulante, y por
la fría norma del Código Alimentario Argentino, procedieron al decomiso. No vieron a un padre de familia esquivando la indigencia; vieron un «objeto infractor» que debía ser removido para cumplir con la estadística de la jornada.
La secuencia posterior rozó el paroxismo de la crueldad institucional: el forcejeo, la mercadería desparramada por el piso -el pan de una familia pisoteado en nombre del orden público- y la posterior detención de Camargo.
La transgresión de un reglamento menor devino en una causa penal por resistencia a la autoridad que terminó con el vendedor ambulante alojado en el Complejo Penitenciario San Felipe, una cárcel de máxima seguridad. ¿Cómo se justifica que un vendedor de pastelitos comparta el pabellón con criminales
peligrosos? Se justifica a través de la abdicación de la conciencia. El inspector que denuncia, el preventor que forcejea, el policía que esposa y el engranaje judicial que refrenda el traslado actúan de la misma manera que el burócrata de Arendt: «Yo solo cumplo la ley; yo solo sigo el protocolo». El sentido común y la piedad cristiana quedan sepultados bajo el papeleo.
La asimetría del castigo: represión al honrado, impunidad al delincuente
Existe una profunda injusticia matemática en la administración actual de las sanciones. El Estado moderno parece haber desarrollado una hipermetropía selectiva: es implacable para divisar la falta del ciudadano visible, el que tiene un domicilio fijo, un comercio registrado o un carro de pastelitos en una esquina conocida; pero es ciego y pusilánime para combatir el delito complejo, la corrupción de guante blanco y la inseguridad que azota las barriadas, la corrupción política como lo son los casos Adorni e Insaurralde.
El erario público se nutre de la exacción impositiva a los eslabones productivos. Sin embargo, esos mismos recursos económicos se utilizan para financiar la estructura que luego los persigue. El caso de Camargo en el Hospital Notti o el reclamo del viticultor Daniel Buono -multado con rigidez matemática mientras transportaba cosechadores por caminos rurales en plena vendimia- demuestran que el sistema prefiere cazar dentro del zoológico.
Es más fácil, seguro y rentable para las arcas municipales multar a una escuela de artes marciales o decomisar la canasta de un churrero que desarticular las redes de narcotráfico, frenar las salideras bancarias o auditar los sobrecostos de la obra pública. El delincuente opera en la sombra, al margen de la ley, y requiere de un Estado valiente y estratégico para ser combatido. El trabajador opera a la luz del día, ofreciendo su flanco débil a la voracidad fiscalizadora de un sistema que necesita recaudar para sostener su propia macrocefalia burocrática.
La impunidad de la delincuencia no es sólo la ausencia de castigo al ladrón; es la desprotección absoluta del inocente. Cuando el Estado invierte sus prioridades y destina patrulleros, preventores e inspectores a sitiar a un vendedor ambulante mientras los vecinos se encierran tras rejas por miedo a un asalto, la política ha fracasado en su misión fundamental. Ha dejado de ser un servicio para convertirse en una simulación de autoridad que solo se ejerce contra los indefensos.
Conclusión: hacia una política como servicio y el rescate de la dignidad de la persona
La política de la buena, la política entendida en su acepción clásica como la arquitectura del bien común y el servicio a la comunidad, debe rebelarse contra este estado de las cosas. Un gobierno no puede medirse por la pulcritud de sus calles si esa limpieza se logra desterrando a los trabajadores a la marginalidad de la delincuencia. Un código de convivencia que no contempla, convive con el hambre de su pueblo es una letra muerta y un monumento a la hipocresía.
Necesitamos recuperar el principio de razonabilidad, consagrado en nuestra Constitución Nacional. Las normas existen para ordenar la vida del hombre, no para destruirla. Si la aplicación de una ordenanza municipal de higiene o de tránsito empuja a un hombre honrado a la quiebra o al calabozo, entonces esa norma es intrínsecamente injusta y debe ser moldeada por el criterio humano del gobernante.
El grito de indignación que recorre Mendoza ante los casos de José Camargo y las escuelas de barrio que intentan sobrevivir no es un llamado a la anarquía; es una exigencia desesperada de justicia social y proporcionalidad. El erario público debe dejar de ser el combustible de una maquinaria punitiva contra el contribuyente y volver a ser el escudo de los vulnerables. Se debe volver a pensar y actuar en beneficio del bien común.
Sólo cuando las autoridades demuestren la misma firmeza para combatir la corrupción interna y la delincuencia callejera que la que exhiben al decomisar un canasto de pastelitos, podremos empezar a reconstruir la confianza en las instituciones. Mientras tanto, la literatura de Kafka y la filosofía de Arendt seguirán siendo, lamentablemente, las mejores crónicas de nuestra realidad diaria.
El mundo necesita recuperar el concepto primario, original de la política. Decía el Papa Francisco que la política es una de las formas más altas de la caridad, entendida como servicio al bien común, diálogo y construcción de la paz. Para él, la política no es un negocio ni un fin en sí mismo, sino un camino de
servicio que busca la unidad y la dignidad de las personas.
.
Los argentinos necesitamos volver a nuestras raíces: una política profundamente humana “(…) con el objeto de constituir la unión nacional, (…), promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia(…)«.
