Tras la sanción en el Congreso argentino de una reforma en la Ley de Glaciares, el pasado 9 de abril, asociaciones ambientalistas, partidos políticos y gobiernos de provincias promueven una demanda colectiva para anular la medida, campaña que al 11/4/26 a las 8 hs ya reúne 759.672 firmas en todo el país. La vitivinicultura, en general, rechaza la reforma.
La presentación judicial sostiene que la reforma es “inconstitucional e inconvencional”, y cuestiona cambios clave en los criterios de protección ambiental. Uno de los puntos centrales es que la nueva normativa condiciona la preservación de glaciares y áreas periglaciares a la verificación de una “función hídrica” relevante, lo que podría dejar zonas sin protección.
El sector vitivinícola, principalmente en San Juan y Mendoza, ha manifestado un enérgico rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares, argumentando que la modificación pone en riesgo la protección de las reservas de agua, esenciales para el riego en un contexto de grave crisis hídrica. Numerosos productores, cámaras y cooperativas han advertido sobre la vulnerabilidad ambiental y la supervivencia a largo plazo de la actividad.
Según coinciden, la reforma a la citada ley constituye una amenaza hídrica, ya que, al flexibilizar la protección de los glaciares y ambientes periglaciares, compromete la fuente de agua de la que dependen la agricultura y el consumo humano.
Por otra parte, se cuestiona la constitucionalidad de la reforma (Ley 26.639) por incumplir el principio de no regresión ambiental, establecido en el Acuerdo de Escazú.
También existe desconfianza acerca de la capacidad técnica de las provincias -a las que se les transfiere la tarea de definir cuáles glaciares son intangibles por alimentar a cuencas y cuáles no lo son y en este caso poder realizar actividad minera. Productores y entidades ambientales señalan que la redefinición de zonas periglaciales por parte de las provincias busca habilitar actividades mineras, desplazando las prohibiciones legales actuales. En general, la vitivinicultura teme a la actividad minera regulada según las pautas de la nueva Ley de Glaciares.
Ante esta oposición, el gobierno nacional y sectores mineros sostienen que la modificación busca actualizar la norma para permitir inversiones y el desarrollo económico, argumentando que no todos los mbientes periglaciales actúan como reservas hídricas estratégicas.
«La reforma pone en riesgo el acceso al agua»
Consultado por periodistas de la radio de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), el abogado Enzo Culasso Orué, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y del Colectivo de Acción por la Justicia Social, advirtió que esta modificación legal pone en riesgo el acceso al agua de millones de argentinos.
“La ley permite que cualquier provincia desafecte un ecosistema de la protección ambiental alegando que no cumple un rol fundamental en el suministro de agua. Esto no sólo vulnera derechos colectivos, sino también compromete a futuras generaciones”, aseguró Culasso Orue. Según el abogado, la norma contraviene el principio de no regresión, establecido en el Acuerdo de Escazú, que obliga a no retroceder en los estándares de protección ambiental ya alcanzados.
Frente a este escenario, se está preparando la demanda colectiva contra la reforma, considerada la más grande de la historia del país. “Ya hay más de 700.000 personas inscritas. Invitamos a que se sumen organizaciones y ciudadanos de todo el país. Todos consumimos agua y cerca de 7 millones de habitantes dependen directamente de los glaciares para su vida y bienestar”, destacó el especialista.
Culasso Orue advirtió además sobre los riesgos de la megaminería a cielo abierto en áreas glaciares y periglaciares, que deja pasivos ambientales y compromete la producción local, así como los modos de vida de comunidades que habitan estos territorios desde hace generaciones. “No se trata solo de proteger el agua, sino de garantizar la sostenibilidad social, económica y cultural de estas regiones”, afirmó.
La provincia de La Pampa ya anunció la presentación de un amparo judicial, junto a la universidad local y otras organizaciones, para frenar la reforma, y se espera que otras provincias y colectivos se sumen a esta iniciativa. “El camino judicial es arduo, pero es necesario para asegurar la defensa de nuestros ecosistemas y ejercer la democracia directa a favor del ambiente”, concluyó Culasso Orue.
Los interesados en adherirse a la demanda pueden hacerlo en el sitio demandacolectivaglaciares.org, donde se puede registrar la participación individual o de organizaciones en esta histórica movilización por la protección del agua y los glaciares.
