El viticultor, enólogo, docente y bodeguero mendocino Daniel Buono es también un talentoso comunicador de los problemas y desafíos que vive la vitivinicultura local y nacional, generando textos que comparte generosamente con los medios interesados en estas temáticas. En esta columna de opinión, Buono analiza el denominado «impuesto al tacho» (el recipiente usado para recolectar las uvas en estas épocas de vendimia en Argentina), al que considera regresivo, perjudicial para los productores primarios y de nulo beneficio para los cosechadores, ya que los aportes, sostiene, no retornan a ellos.
El llamado Convenio de Corresponsabilidad Gremial (Ley 26.377), aplicado en la vitivinicultura a través del denominado “impuesto al tacho de uva”, se ha transformado en los hechos en un tributo encubierto, regresivo y confiscatorio, que castiga al productor sin cumplir el fin social que proclama.
La Ley 26.377 fue concebida para facilitar el acceso de los trabajadores temporarios a la seguridad social. Sin embargo, en su aplicación concreta, el sistema desvincula el aporte del salario real y de la rentabilidad, imponiendo una carga fija por unidad cosechada, incluso en campañas con precios deprimidos o pérdidas productivas. Esto vulnera principios básicos consagrados en la Constitución Nacional, como la razonabilidad de los tributos y la capacidad contributiva (artículos 14 bis y 28).
Más grave aún: lo recaudado no vuelve a los cosechadores. La mayoría de los trabajadores golondrina no logra continuidad laboral suficiente para acceder a una jubilación efectiva ni utiliza en tiempo real la cobertura de obra social. Los aportes se realizan, pero el derecho no se concreta. El sistema recauda, pero no protege.
En cambio, una porción significativa de esos fondos queda concentrada en cajas sindicales y estructuras burocráticas, sin trazabilidad individual ni control social efectivo. El propio diseño del convenio impide al trabajador verificar con claridad cuánto se aportó en su nombre y qué beneficios reales recibió. El resultado es un esquema que encarece artificialmente la cosecha, asfixia al pequeño y mediano productor, desalienta la producción y no mejora las condiciones reales del trabajador rural. Un mecanismo que no cumple su finalidad social y opera como un impuesto indirecto a la uva debe ser eliminado.
Eliminar el impuesto al tacho no es ir contra los derechos laborales, sino exigir un sistema transparente, proporcional y constitucionalmente válido, que proteja al trabajador sin destruir al productor. La vitivinicultura argentina no necesita más cargas distorsivas, sino reglas justas, claras y controlables.
