A 44 años del golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón e instauró la dictadura cívico-militar hasta la victoria democrática de Raúl Alfonsín en 1983, recordamos un capítulo también oscuro de la historia del vino, con epicentro en Mendoza.
Del valioso libro «La vid y el vino en el Cono Sur de América, Argentina y Chile (1545-2019», del investigador, escritor y docente mendocino Pablo Lacoste, reproducimos el capítulo «Crisis e intervención del Estado: caso Greco», una crónica detallada de la colosal estafa que lideraron los hermanos Héctor Greco y José Greco junto a su socio Jorge Bassil entre 1977 y 1981. Un holding de más de 100 empresas que se derrumbó tras la acusación de «subversión económica» por parte de un Estado también ilegal, y que arrastró consigo a icónicas y centenarias firmas del vino como Resero, Arizu, Furlotti, El Globo (ex Tomba) y al Banco de los Andes, el diario Mendoza y Agua Villavicencio, con la pérdida de más de 6.000 puestos de trabajo.
Por Pablo Lacoste
El ciclo expansivo de la vitivinicultura argentina llegó a su cénit en la década de 1970. Los registros de 350.000 hectáreas de viñedos se articulaban con el alto nivel de consumo: 90 litros per cápita. Este registro se alcanzó en 1970 y a partir de allí, comenzó a descender hasta tocar 76 litros en 1979, 66 en 1984, 53 en 1989 y 49 en 1992. Este año se quebró el secular acuerdo tácito entre consumidores y productores: perdió vigencia la ley dorada de los cincuenta litros y ya nunca más se recuperó.
La caída del consumo causó una fuerte reducción de los mercados. Los precios se desplomaron y la industria vitivinícola entró en crisis. Muchos viticultores comenzaron, desesperados, a arrancar sus viñas. La superficie cultivada se redujo drásticamente. Las 350.000 hectáreas de 1975 cayeron a 208.000 en 1992. En apenas 17 años se arrancaron más de 140.000 hectáreas de viñedos.
La producción de uva bajó bruscamente, de 36 millones de quintales en 1976 a 19 en 1993. El volumen de vino elaborado se redujo de 25 millones de hectólitros anuales del período de auge a 14,4 de 1993.
La caída del consumo de vino fue un fenómeno paralelo a ambos lados de la cordillera de los Andes. En Chile también cayó la demanda de vino y se produjo una retracción del mercado. El consumo per cápita en Chile bajó de cuarenta litros per cápita en la década de 1980 a 29 en 1990 y 14 en 2010. La reducción del mercado generó la necesidad de disminuir la producción. La superficie cultivada de viña en Chile bajó de 106.000 hectáreas en 1975 a 67.000 en 1985 y 59.300 en 1990.
La fuerte reducción de los mercados afectó más profundamente a la Argentina. Como las empresas habían alcanzado dimensiones colosales, fue imposible mantenerlas en funcionamiento: nadie compraba sus enormes cantidades de vino a granel de baja calidad.
Propuestas de aventureros como tabla de salvación
Alrededor de 1980 se produjo una sucesión de ruidosas caídas de las otrora colosales fábricas de vino argentinas. En su desesperación por perder empresas centenarias, bases de su prestigio social y político, los propietarios buscaron alternativas para eludir el bochorno público. En este contexto, aceptaron propuestas de aventureros que ofrecían cantos de sirenas como tabla de salvación. En este contexto se produjo el surgimiento del Grupo Greco.
El Grupo Greco alcanzó dimensiones gigantescas. Controlaba numerosas empresas, incluyendo medios de comunicación (diario Mendoza) y el Banco de los Andes, el banco privado más grande de la Argentina. El holding incluía numerosas bodegas y viñedos que había comprado a través de audaces maniobras que explotaban la inestabilidad económica y financiera nacional generada por el contexto de alta inflación. Incluía bodegas grandes y famosas como El Globo (ex-Tomba, ver video más abajo), Arizu, Talacasto, Furlotti, San Jerónimo, Luchessi, Resero, Yacanto, entre otras. Se estimaba que controlaba el 60% del mercado vitivinícola argentino.
En ese momento, la industria contaba con tres actores principales: Greco, Peñaflor y Catena. Según el analista Orlando Molina Cabrera, estas tres empresas formaron un cartel oligopólico para controlar los mercados. En total, el Grupo Greco llegó a controlar 34 bodegas; 112 galpones, 827 viviendas rurales, 488 tractores, 256 camiones, 437 vagones de ferrocarril y 41 plantas de fraccionamiento de vinos (Falanga, 2001).
¿Cómo, cuándo y por qué formó Greco este holding extraordinario? ¿Por qué los empresarios de firmas centenarias aceptaron venderle sus empresas que, además de valor económico, representaban su base de prestigio social? ¿En qué medida el contexto económico y político contribuyó a este proceso? Cada detalle es importante para entender lo que ocurrió.
El contexto económico y social
La base original de Greco era la bodega que poseía en la ciudad de San Martín, 50 kilómetros al este de Mendoza. Su empresa funcionó como un actor secundario en las décadas de 1960 y 1970, como bodega dedicada al mercado trasladista.
En 1977 adquirió el Banco de los Andes, lo cual le aportó una herramienta para financiar la compra de las empresas vitivinícolas más importantes de Mendoza y San Juan. De acuerdo a las normas del Banco Central, el banco sólo podía destinar el 10% de los fondos para favorecer a las empresas del mismo holding; sin embargo, Greco vulneró este límite y dedicó a sus empresas más del 40% de los fondos que el Banco de los Andes captaba de los ahorristas. A ello se sumaban los créditos del Banco de la Nación, que se apoyaban en las carpetas fantasmas y en las declaraciones que redactaban los audaces operadores financieros de Greco. El contexto nacional de alta inflación y virtual descontrol de las autoridades financieras nacionales sobre las operaciones bancarias locales le generó una ventana de oportunidad para otorgarse auto préstamos, y así financiar la fulminante expansión del holding entre 1977 y 1980.
Con estos recursos, Greco salió a comprar bodegas y viñedos para crear un monopolio. La corriente compradora de Greco se encontró, del otro lado, con la corriente vendedora de las grandes bodegas. Sus propietarios querían vender porque veían con claridad la declinación del ciclo de euforia del mercado argentino. El consumo de vino en Argentina, tras alcanzar el cénit en 1970, con 90 litros per cápita, comenzó a descender. La demanda se reducía y los precios del vino bajaban.
Bodega Arizu
Alarmados ante estos síntomas, los industriales contrataron consultores especializados para conocer las tendencias nacionales e internacionales de consumo de vino. Los estudios fueron concluyentes: el ciclo de alta demanda de vinos comunes había terminado; la tendencia general era a la baja en consumo de vinos comunes y el aumento de la demanda de vinos de calidad. Los informes técnicos vaticinaron con asombrosa precisión, exactamente lo que ocurrió en los años siguientes. La información aportada por los consultores planteó un problema sin solución para la industria. El nuevo ciclo era adecuado para bodegas boutique, dedicadas a cultivar pequeñas superficies de viñedo de alta calidad enológica, para elaborar vinos premium. Pero no habría posibilidades de desarrollo para grandes fábricas de vino, con extensos viñedos de uva cereza y otras variedades de alta productividad; tampoco servían las instalaciones y equipamiento diseñados para elaborar grandes volúmenes de vino a granel, ni las plantas de fraccionamiento en Buenos Aires ni los vagones de trenes para trasladarlos.
En este contexto, las grandes empresas se lanzaron a vender sus bodegas y viñedos, antes de que fuese demasiado tarde. La corriente vendedora se orientó en varias direcciones. En 1978, los propietarios de Bodegas y Viñedos Arizu vendieron al holding Greco el 91% de sus acciones. El otro gigante, Catena, también aceptó traspasar su empresa a Greco por US$ 128 millones. Otras empresas siguieron el mismo camino y vendieron a Greco, entre ellas, Talacasto y Furlotti.
Bodegas y Viñedos Gargantini fue vendida al grupo español Rumasa en 1982; la firma española hizo la operación al solo efecto de realizar una estafa de lavado de dinero (Gargantini, 2018). La empresa fue abandonada y quedó en ruinas. Toso traspasó su empresa a los comerciantes que manejaban las redes de distribución del vino en Buenos Aires. Filipini también quebró, lo mismo que la bodega El Globo (ex- Tomba).
Bodegas compradas con «plata dulce»
El crecimiento del Grupo Greco fue un fenómeno insólito. Se lanzó a comprar empresas vitivinícolas, cuando la corriente principal de la industria se inclinaba a vender. Al parecer, Greco no fue capaz de leer las tendencias del mercado; o bien, su ambición lo deslumbró y perdió la capacidad de análisis. Su conducta se puede explicar también a partir del origen de los fondos: Greco no compraba bodegas con dinero propio, sino con la “plata dulce” que obtenía irregularmente del sistema bancario. Greco explotaba el caos financiero e inflacionario reinante en la Argentina para adulterar informes y realizar maniobras irregulares; de este modo, logró transferencias del Banco de la Nación (estatal) al Banco de los Andes por más de US$ 1.800 millones. Con estos fondos se financiaron sus maniobras.
Según constataron después los jueces, los activos del Grupo Greco ascendían a US$ 743 millones, aunque sus pasivos llegaban a US$ 1.594 millones (Gregorio, 2003).
El objetivo de Greco era controlar el mercado nacional del vino. Sin advertir que el consumo estaba ya en el ciclo menguante, pensó que la crisis era meramente pasajera y apostó todos sus recursos, propios y ajenos, para afirmar sus posiciones monopólicas. Para acumular el mayor stock posible en sus bodegas, ofrecía precios extraordinarios por el vino. Se hizo famosa la cifra récord de US$ 1 por litro de vino común a granel, valor exorbitante para la época.
Con estos precios, Greco atraía a buena parte de los viticultores cuyanos: todos querían venderle a él; de este modo, lograba un control monopólico del mercado, lo cual despertó las alarmas de sus competidores. El Centro de Bodegueros de Mendoza publicó denuncias y críticas severas contra las maniobras del empresario. Los pequeños viticultores que durante un siglo habían sufrido los abusos de los grandes empresarios ignoraron sus críticas a Greco, pues este, al fin, les pagaba bien por la uva.
El gobierno militar ordenó la intervención de las 44 empresas principales del holding en 1980. Para justificar esta decisión, se acusó a Greco de “subversión económica” y “oligopolio”. Héctor Greco y sus socios fueron encarcelados por 4 años, y las empresas pasaron a manos del Estado.
Subversión económica, oligopolio, cárcel y expropiación.
Se abrió entonces la segunda experiencia trascendente de gestión estatal de las bodegas y viñedos de Argentina, después de Giol. El procedimiento judicial fue fulminante al principio, pero luego se convirtió en un proceso largo y lento. El gobierno nombró gerentes para administrar las empresas, cuya gestión quedó a la deriva. El 21 de noviembre, el gobierno ordenó la quiebra de 37 empresas y la venta de otras 8. Esto significó la caída de Vinos Arizu S.A., entre otras.
Para amortiguar el impacto económico y social de la medida, el gobierno aceptó que algunas compañías pudieran continuar operando, en la medida de lo posible. En este grupo quedaron varias empresas vitivinícolas como Bodegas y Viñedos Arizu, Talacasto, Yacanto y Greco Hermanos. Muy pocas se consideraban viables para ser privatizadas nuevamente, como San Jerónimo, Resero y Furlotti. En los meses siguientes, la opinión pública permanecía en vilo, a la espera de las decisiones judiciales sobre la suerte de cada empresa, detrás de la cual se movían miles de puestos de trabajo. El 3 de febrero de 1981, el gobierno ordenó la quiebra del Banco de los Andes, con sus 2.000 empleados; el 29 de mayo se dispuso la quiebra de Talacasto, Italviña, Vinos Arizu S.A. y Greco Hermanos. Las demás empresas debían seguir operando en manos de los gerentes designados por el gobierno.
Una intervención desastrosa y corrupta
La gestión de los interventores del Estado en las empresas del Grupo Greco fue deficiente. Los gerentes tomaban decisiones arbitrarias; compraban y vendían vino sin tener en cuenta criterios comerciales ni enológicos. Sus medidas eran improvisadas y tendían a favorecer a los amigos del poder, a cambio de coimas y pagos ilegales para enriquecerse. Tras un año y medio de gestión del Estado, se hizo una auditoría enológica independiente para constatar la calidad de los vinos existentes en las bodegas del grupo Greco. Los peritos enólogos controlaron la calidad de los 2,7 millones de hectolitros conservados en las 43 bodegas del grupo, considerando grado alcohólico, acidez y calcio; constataron que sólo el 31% del vino era bueno; el 43% era regular y el 26% era vino deficitario.
Esos ejemplares reflejaban la gestión de los gerentes desleales designados por el Estado al frente de las empresas: ellos compraban vinos malos y los pagaban como vinos buenos con fondos del Estado. A cambio de este favoritismo, los vendedores pagaban sobornos generosos a esos gerentes. Además de robar mediante la compra de vinos defectuosos, los gerentes del Estado procedieron también a robar el vino directamente.
Los observadores comenzaron a notar, perplejos, el gradual vaciamiento de vino de las bodegas del Grupo Greco. En 1983, cuando el gobierno militar ya estaba derrotado, los jueces se animaron a cuestionar los manejos de los síndicos. En mayo, un juez advirtió la inexplicable caída del stock de vinos en las bodegas intervenidas y acusó al síndico de administración desleal y negligente. De acuerdo al juez en lo comercial Valle Pupo, el síndico había cometido “fallas graves” en la administración del holding de Greco.
La gestión de los gerentes y síndicos del Estado en las empresas del Grupo Greco fue un poema épico de la corrupción.
Los establecimientos fueron sistemáticamente vaciados para beneficio de sus administradores: “Se perdían las máquinas, los tractores y el combustible y todo cayó en un descontrol que también implicó el progresivo abandono de los cultivos y el desmantelamiento de fincas que habían sido modelos de desarrollo y productividad” (Gregorio, 2003: 149). En algunas propiedades, se robaron hasta los techos de los galpones. Los establecimientos levantados con años de esfuerzo y trabajo quedaban devastados y vandalizados por la mezcla de incapacidad técnica y codicia de los administradores.
Vaciamiento de empresas centenarias
Los campos que levantaron los Arizu en Villa Atuel, durante un siglo de trabajo, fueron vaciados y degradados en tres o cuatro años. De la cultura del trabajo de los viticultores y campesinos, se pasó al abandono, la indiferencia y el abuso de poder de los gerentes del Estado. Otra práctica ilegal fue el vaciamiento de equipamiento a instalaciones de las empresas del grupo Greco. Los gerentes consentían en el traslado de maquinarias y tractores de los establecimientos intervenidos a sus propias empresas o en depósitos clandestinos. Algunos obreros formularon denuncias y se abrieron causas en la justicia para investigar robos millonarios de bienes.
En la zona Este de Mendoza, cercana a las bodegas de Greco, se hallaron objetos robados en depósitos clandestinos de Rivadavia y Santa Rosa. Los beneficiarios directos fueron los interventores; después de terminar sus funciones, muchos de ellos se convirtieron mágicamente en prósperos terratenientes. El cambio de gobierno, con el fin de la dictadura militar y la llegada de Raúl Alfonsín al poder, contribuyó a normalizar las instituciones de la Argentina. Los jueces se sintieron menos presionados para administrar justicia conforme a derecho.
El 11 de julio de 1984, la justicia autorizó a Héctor Greco a salir de la cárcel, después de 4 años. En ese momento comenzó una negociación con el Estado para normalizar la situación de sus empresas. Tras largas deliberaciones, el 24 de agosto de 1987 se llegó al acuerdo. Por un lado, el Estado mantendría en su poder 37 empresas para privatizarlas y, con ello, recuperar los fondos que el Banco de la Nación había extendido al Banco de los Andes 10 años antes; por otra parte, se le devolvían a Greco 11 empresas, incluyendo varias vitivinícolas: Resero, Greco Hermanos y Vinícola Argentina. También se le otorgó la bodega Arizu, situada en Godoy Cruz, con sus marcas.
Este acuerdo generó grandes expectativas. Para el sindicato de trabajadores vitivinícolas, ello permitiría salvar 6.000 empleos. Para Greco, significaba recuperar parte de sus empresas. Los dirigentes políticos de la democracia, entre ellos el senador José Genoud, coincidieron en admitir que las compañías habían sufrido un fuerte deterioro durante la administración de los gerentes del Estado.
Por su parte, el presidente Raúl Alfonsín, por decreto 1.444 del 3 de setiembre de 1987, reafirmó esos conceptos, a la vez que cambió nuevamente a los administradores de esas empresas. Todas las expectativas generadas por la democracia se frustraron rápidamente. Tras recobrar la libertad y las empresas, Héctor Greco encontró sus propiedades abandonadas y vandalizadas. Comprobó con sus propios ojos el descalabro generado por los gerentes del Estado. Una de las pocas empresas que logró salvar del naufragio fue Resero, la cual vendió a Cartellone. Resolvió entonces iniciar acciones en la justicia por administración desleal y corrupción.
La presencia de Greco era muy peligrosa para muchos empresarios, políticos y ex gerentes enriquecidos en sus negocios. Gran alivio sintieron el 14 de diciembre de 1988, cuando Héctor Greco murió en un oscuro accidente.
El final del empresario en un accidente sospechoso.
Las pérdidas para la industria vitivinícola argentina fueron incalculables. La intervención del Grupo Greco condenó a muerte a empresas históricas de la industria vitivinícola argentina, como Arizu y El Globo (ex-Tomba). Junto a ellas, cayeron muchas más, arrastrando a miles de pequeños viticultores.
Además de la vandalización de las viñas y establecimientos modelo, lo más importante fue el dolor humano de los pequeños viticultores que se vieron burlados en sus expectativas y derechos. Más de 6.000 trabajadores fueron estafados y debieron esperar más de dos décadas para cobrar sus modestos salarios; además, muchos pequeños viticultores que entregaron la uva y el vino a las bodegas de Greco no pudieron recuperarlos jamás, por las maniobras de los administradores desleales designados por el Estado.
