El autor es mendocino, doctor en Economía Agrícola de la Universidad de Minesotta, EEUU, y profesor invitado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Fue director del Instituto de Economía y Sociología Rutal del INTA y gerente de Agroindustrias de la empresa José Cartellone. Es propietario de la Bodega Tempus Alba.
El título de esta nota es la frase con la que el licenciado Alfredo Aciar cerró el anuncio de compra de 100 millones de litros de vino por parte del gobierno de Mendoza y fue el disparador que me motivó a reflexionar sobre su significado e implicancias al momento de definir el rol del Estado en la economía, la oportunidad de la medida anunciada y su costo fiscal frente a otras medidas alternativas.
¿Cuál es el bosque?
El contexto económico general dentro del cual tiene lugar la profunda crisis actual en la que está sumida el sector, es el marco adecuado que nos ayudará a enumerar un listado no exhaustivo de los problemas más acuciantes que determinan la falta de rentabilidad y ahogo financiero que vive el productor y que bien puede asemejarse al bosque imaginado:
- La falta de una política comercial a nivel nacional que priorice los tratados de libre comercio con los actuales países consumidores de vino y países emergentes.
- La falta de una política macroeconómica que atienda las necesidades de las economías regionales, entre ellas las de nuestra vitivinicultura.
- Las mega devaluaciones practicadas y la inflación descontrolada que no se ha logrado encausar, con la aplicación de retenciones a las exportaciones vitivinícolas terminan restando competitividad al sector al incrementar los altos costos dolarizados de los insumos secos.
- La exagerada presión impositiva, sumada a las altas tasas de interés, incompatibles con la nula rentabilidad del productor, provocan una asfixia económico-financiera de las pymes vitivinícolas y desincentivan las nuevas inversiones en el sector.
- Los incrementos desmedidos en las tarifas eléctricas y el costo del combustible, además del encarecimiento del transporte y la logística de exportación, agravan el problema de pérdida de competitividad.
- La insostenible situación del productor que “siempre pierde” como expresó el Diputado Ricardo Mansur en el Suplemento Fincas de diario Los Andes.
- La falta de una política sectorial con un Estado presente que priorice a la vitivinicultura y diseñe medidas anticipatorias, las que de haber sido aplicadas en el momento oportuno podrían haber evitado el daño socio-económico causado por la retracción de la demanda de uvas, que afectó a miles de viñateros que al no poder vender su producción aún con rentabilidad negativa, se vieron forzados a elaborar a maquila en condiciones desventajosas comparadas con las de vendimias anteriores.
¿Cuál es el árbol?
Es el productor frágil y vulnerable que espera la intervención de un Estado presente que actúe en el momento oportuno, anticipándose a las consecuencias de las consabidas crisis recurrentes de precio y que no lo deje solo a expensas de un mercado imperfecto caracterizado por importantes asimetrías entre el poder de compra y de venta de sus actores. De esta manera, el Estado podría evitar que el mercado haga leña del árbol caído y ponga un freno a que el estatus quo termine desbastando el bosque.
El rol del Estado en la vitivinicultura
La teoría económica del bienestar introduce elementos de juicio de valor subjetivos, que responden a criterios éticos, ideológicos o políticos sobre lo que puede considerarse deseable o perjudicial para la sociedad, que facilitan la búsqueda de la máxima eficiencia económica no ya desde el interés individual, sino desde el punto de vista del bienestar colectivo. En síntesis, provee las bases para juzgar los logros del mercado y de los hacedores de la política pública en la asignación o distribución de los recursos y bienes, estableciendo además criterios para la intervención del Estado.
Concomitantemente la teoría de las Finanzas Públicas, nos brinda herramientas para analizar y evaluar la efectividad de la política pública y su normativa establece que es función del Estado proveerlos bienes públicos que el sector privado no puede abastecer, corregir las falencias del mercado en presencia de externalidades o de distorsiones estructurales que impiden el adecuado funcionamiento del mecanismo de formación de los precios, complementándolo cuando sus resultados no logren alcanzar los objetivos de equidad indispensable para un desarrollo económico física y socialmente sustentables.
Sin duda, estas herramientas que nos ayudan a definir dónde, cuándo y cómo debe intervenir el Estado para superar las fallas del mercado que atentan contra el fin último de alcanzar el máximo bienestar colectivo.
Trasladando estos conceptos a la vitivinicultura podemos decir que el sector necesita de un Estado que anticipándose a los efectos de las recurrentes crisis por falta de rentabilidad del productor, diseñe políticas activas e intervenga en el momento oportuno para garantizar una total transparencia en el mecanismo de formación del precio de la uva y del vino de traslado y satisfaga plenamente el cumplimiento del objetivo de equidad que demanda una vitivinicultura moderna, próspera, con rentabilidad para el productor, competitiva a nivel global y socialmente inclusiva a nivel local.
Por ejemplo, si el sector privado ejerciendo su legítimo derecho, decide no participar en el mercado de uvas y restringe el acceso del productor a los servicios de elaboración por cuenta de terceros, es un deber del Estado buscar alternativas de intervención que suplan la falta de interés de compra de la demanda. Esto marca en el tiempo un primer momento de intervención y que si el Estado no actúa, tendrá que actuar tardíamente en el mercado de vinos de traslado.
Es en esta segunda instancia de intervención donde el gobierno de la provincia decide la compra de 100 millones de litros de vino y es en este escenario en el que se debe evaluar dicha medida en términos del objetivo buscado, la oportunidad del anuncio, el precio ofrecido, el costo fiscal de la operatoria frente a otras medidas alternativas y el futuro destino del vino comprado por el gobierno.
Objetivo y oportunidad de la medida
Sería necio no reconocer que la medida tomada está alineada con el objetivo central de la política sectorial que es recuperar la rentabilidad perdida por el productor, aunque también hay que reconocer que la medida llega tarde, es decir cuatro meses después de que el productor completamente desfinanciado y sin esperanza de que el próximo año será mejor, inició las tareas del nuevo ciclo productivo. Con respecto al precio ofrecido, hay dos formas de analizar el tema: tomando como referencia el precio que surgiría del mercado de traslado cuando el stock esté en el nivel técnico de equilibrio, o comparándolo con el costo de producción que el viñatero tiene que afrontar hasta llegar a la vendimia de 2020. En lo personal pienso que el parámetro de referencia no debe ser el supuesto precio de equilibrio técnico, sino que debería estar asociado al costo de producción. Al fijar un precio de 11 pesos puede que se haya seguido el primer criterio pero si tenemos en cuenta que antes de la debacle macroeconómica post PASO el costo de producción superaba los 150 mil pesos por hectárea y teniendo en cuenta la inflación esperada en lo que resta del ciclo, el precio ofrecido está significativamente por debajo del costo por lo que más temprano que tarde deberá corregirse.
Costo fiscal de la medida
Concretar el operativo del gobierno tendrá un costo fiscal solo por la compra del vino de 1.100 millones de pesos, monto que debe ser comparado con el de alguna medida alternativa de menor costo fiscal. Me refiero concretamente a la fecha de liberación del vino nuevo, que dada la gravedad extrema de la crisis actual podría haberse acordado con la industria y el sector de la producción, posponiéndola para fijarla de acuerdo con la evolución del precio del vino de traslado. Atendiendo al objetivo de equidad ya mencionado, dicha medida debería exceptuar a los vinos de propiedad de elaboradores a maquila. La ventaja de esta medida es que es de alcance universal y principalmente que tiene un costo fiscal cero. Los fondos afectados al operativo de compra de vino podrían haberse destinado a financiar los cambios estructurales que necesita el sector productivo para sentar las bases de una nueva vitivinicultura competitiva y con rentabilidad para el productor basada en un recambio varietal y con un incremento de productividad en el viñedo acorde con los requerimientos de cada una de las cinco sub-cadenas y con salida cierta en el mercado de exportación.
La implementación de una medida como la sugerida requiere de un gobierno convencido de la importancia que la vitivinicultura tiene en el desarrollo económico provincial y de gobernantes que estén dispuestos a incurrir en ciertoscostos, especialmente en años electorales, renunciando a unrédito político inmediato.
¿Cuál será el destino del vino comprado en este operativo?
Corresponde aclarar que el vino adquirido por el Estado no se evaporará por arte de magia y para que la medida tengo el efecto buscado, es necesario sacarlo del mercado. El sólo cambio de dueño del excedente no cambiará el desequilibrio existente entre oferta y demanda. Si se piensa en exportarlo, hay que advertir que las partidas compradas individualmente tendrán que convertirse en un vino exportable, estandarizado, con tipicidad y con la calidad que demanda el mercado externo. El segundo problema es establecer el precio de exportación, ya que si éste se calcula en base a los 11 pesos que pagó el Estado, podría ser demasiado bajo y resultar en una pésima estrategia comercial al canibalizar las actuales exportaciones de vinos a granel que después de muchos años de ausencia en el mundo, están encontrando crecientes oportunidades de colocación en el mercado internacional.
