Luego de que el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) derogara entre octubre y noviembre de 2025 973 normas que regulaban la elaboración del vino en Argentina, con el argumento de que así se desburocratiza la industria y se ahorran costos de producción, desde los gobiernos de las dos principales provincias productoras advierten que la no fiscalización del origen puede ser riesgosa porque podrían mezclarse las uvas y los vinos de distintos terroirs, con la consiguiente pérdida de la garantía de calidad.
La Resolución 37/2025 del 7/11/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) derogó 217 regulaciones históricas, medida que se suma a la reciente baja de otras 756 dictadas en el último mes. Además de las cancelaciones de trabas burocráticas antiguas, a partir de ahora el INV dejará de fiscalizar las etapas productivas y se enfocará sólo en garantizar la calidad del vino embotellado.
Sin bien en general la desregulación ha sido aceptada e incluso elogiada desde las bodegas, funcionarios de los gobiernos de Mendoza y San Juan advirtieron que la falta de control en el origen de las uvas y el vino podría acarrear el riesgo de pérdida de legitimidad final del producto. Al respecto, el ministro de Producción de la provincia de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, consultado por el diario Clarín, comentó: «Hay casi 200.000 hectáreas de viñedos en Argentina. El riesgo es que pase una uva de un lugar a otro. No es lo mismo un Malbec de Gualtallary, que de alguna zona de uvas menos cotizada».
El funcionario mendocino aclaró a ese medio nacional que aprueba un 90% de las medidas porque, mencionó, «había mucha burocracia y costos innecesarios». Pero también dejó en claro que disiente con dejar de fiscalizar el origen de las uvas.
Cabe destacar que, en los fundamentos de las últimas resoluciones del INV, se consigna que el organismo dejará de controlar en la finca y la bodega, enfocándose en la fiscalización del producto final en góndola, para garantizar su aptitud para el consumo. Y que los controles de trazabilidad (certificación de origen, añada y varietal) pasarán a ser optativos, a elección de los productores, según mencionan las últimas resoluciones. Ya no será obligatorio llenar el formulario conocido como CIU, una declaración del origen de la uva cuando hace su ingreso a las bodegas.
En San Juan, celebraron que el INV no haya autorizado la fermentación diferida, que permite guardar el mosto y elaborar con él el vino a futuro, no necesariamente con la uva en fresco. El ministro de Producción de esta provincia, Gustavo Fernández, se mostró satisfecho porque se haya frenado esa posibilidad, ya que, precisó, un 50% de la uva de San Juan se destina a mosto o jugo de uva, un mecanismo que permite a las provincias productoras regular el precio del litro de vino y el sobrestock del producto.
«En general estamos de acuerdo con procesos de desregulación y hemos rescatado la continuidad del INV, en una industria que no es cualquiera, porque el vino es una bebida que tiene sus propias reglas y particularidades. El vino tiene su sello de calidad, genuinidad y eso ha permitido el reconocimiento del producto en los mercados externos», dijo el ministro sanjuanino al diario Clarín.
Al publicar las resoluciones en el Boletín Oficial, el ministro nacional de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que con esta reforma “se deja atrás un régimen en el que el Estado pretendía controlar cada paso del proceso productivo para pasar a un modelo enfocado exclusivamente en garantizar la aptitud para consumo del vino”.
Según Sturzenegger, la resolución pone fin a décadas de “burocracia absurda”. Sólo en 2024 el INV había emitido 140.000 permisos de tránsito y realizado más de 5.000 inspecciones, en algunos casos con visitas a una misma bodega cada dos días. “La mayoría de las bodegas no tiene problemas; ya bastantes dificultades tiene el negocio en sí mismo para que el Estado complique las cosas”, sostuvo el funcionario argentino.
Para fundamentar su decisión, el ministro nacional remarcó que Argentina produce 900 millones de litros de vino por año y exporta US$ 800 millones anuales, lo que la ubica como el quinto productor mundial. Pero, señaló, en un contexto de caída global del consumo y cambio en las preferencias -con el auge del vino sin alcohol- «es un imperativo darle a la industria la flexibilidad y libertad necesarias para adaptarse a este cambiante entorno”.
Aprobación de bodegueros
Según consigna el último decreto del INV, el nuevo esquema tiene vigencia para productores de uvas, bodegas, fábricas de mosto y espumosos, plantas de fraccionamiento y de productos enológicos, comercializadores, distribuidores, exportadores e importadores, así como a laboratorios enológicos y operadores registrados.
En relación a la desregulación, el presidente de Bodegas de Argentina y bodeguero Walter Bressia, dijo a Clarín: «Cada trámite tiene un valor, teníamos que tener una persona que se ocupaba de cumplir todos los trámites y había bodega con tres o cuatro inspecciones del INV al año».
Bressia afirmó que al menos el 70% de los establecimientos elaboradores no acusan problemas en el proceso de elaboración ni han recibido sanciones del INV por inclumpimiento de normas. «Ahora que el control del origen va a pasar a ser optativo, si el productor quiere tener el certificado que diga que es un Malbec que viene de tal zona o viñedo, lo tendrá que garantizar el sector privado… Y para el despacho de uva y vinos, seguirá funcionando el control del Senasa.
Por su parte, el bodeguero Alberto Arizu, de la bodega Luigi Bosca, manifestó: «Es un gran trabajo y un paso importante para la modernización de nuestra industria. Necesitamos mayor competitividad para los desafíos futuros, sin por eso dejar de lado la calidad de nuestros vinos, que son reconocidos en todos lados del mundo».
Fuente: Diario Clarín
