El pasado 6/6/2024, el Poder Ejecutivo de Mendoza presentó en la Legislatura provincial un proyecto de derogación de la Ley N° 9133, que obliga al registro de contratos de compra-venta de materias primas agrícolas. Para el gobierno, la ley implica «una tarea burocrática y una erogación de contratos y sellos, dinero que se le quita a la actividad privada». Sin embargo, varias entidades que representan a productores vitivinícolas del Este, centro y Valle de Uco de Mendoza consideran que esa ley es «una herramienta que permite al productor vitícola gozar de cierta seguridad jurídica a la hora de entregar su producción». Por tal motivo, emitieron 18/6/24 hoy un comunicado que a continuación replicamos.
El pasado 6 de junio de 2024, el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, presentó en la Legislatura el proyecto de derogación de la Ley N° 9133, que obliga al registro de contratos de compra-venta de materias primas agrícolas. El funcionario sostuvo que dicha Ley había resultado en una carga burocrática innecesaria para el sector industrial.
“De los 43.000 contratos registrados en 4 años, sólo 397 fueron infraccionados, todos por formalismos, sin denuncias por problemas de pago o entrega de mercadería. Esta ley significaba una tarea burocrática y una erogación de contratos y sellos, dinero que se le quita a la actividad privada”.
Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción de Mendoza
Tras esa presentación, varias entidades que nuclean a productores vitícolas mendocinos manifestaron su oposición a la iniciativa, divulgando el comunicado que replicamos:
«Desde las cámaras abajo firmantes, en representación de la mayoría de los productores primarios vitivinícolas de la provincia de Mendoza, queremos expresar nuestra firme oposición y gran preocupación ante los intentos inconsultos de derogación de la Ley N° 9.133 por parte del gobierno provincial, bajo la falsa premisa de desregular, algo que en realidad nada regula.
Seguimos insistiendo sobre que la ley 9.133 es una herramienta que permite al productor vitícola gozar de cierta seguridad jurídica a la hora de entregar su producción y como tal, siempre es perfectible, siendo este el camino y no su derogación lisa y llana.
Del comunicado de las Cámaras vitivinícolas
«Es importante recordar que si la aplicación de dicha ley tiene objeciones se debe exclusivamente a las modificaciones, reglamentaciones e intentos recaudatorios de sumar otras actividades agrícolas por parte del poder político, haciendo caso omiso a los pedidos de los viñateros de limitar su aplicación al rubro vitícola.
«Llama poderosamente la atención que el gobierno provincial busque derogar esta ley en un mundo totalmente globalizado, con mercados internacionales que exigen cada vez más una certificación económica que apunte a que las partes tengan igualdad de condiciones a la hora de negociar sus productos.
«Por ello estamos obligados a comenzar a trabajar con todas las certificadoras en nuestro país a fin de hacer conocer nuestra problemática en el tema del triple impacto y la sustentabilidad económica de la cadena, haciendo visible las permanentes desventajas que sufre el productor frente a los otros eslabones de la cadena.
«Nadie pretende complicar al industrial en la gestión de su negocio; pero es necesario contar con un contrato que permita al productor tener reglas claras para actuar con libertad comercial ante la demanda de su producto; disponiendo de la seguridad jurídica necesaria para equilibrar los actores en la compra-venta de uva.
«Desde las Cámaras estamos convencidos que el camino es trabajar de forma propositiva sobre la Ley N° 9.133 para que la misma funcione de forma eficiente acorde a su objeto, y no derogarla en forma unilateral, lo que dejará al productor totalmente indefenso frente a la bodega que establece las condiciones comerciales luego de recibir la uva.
«Por ello las entidades continuaremos trabajando en la protección y promoción de los intereses de los viñateros, velando por una justa distribución para todos los actores involucrados en la industria vitivinícola de la región».
Las entidades firmantes
Asociación de Productores del Oasis Este de Mendoza (Aproem)
Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM)
Cámara de Agricultura, Industria, Comercio y Turismo del Valle de Tupungato
Sociedad Rural de Valle de Uco
