Las principales asociaciones vitivinícolas de los tres mayores productores del mundo se reunieron con el objetivo de debatir sobre la crítica situación que atraviesa el mercado del vino en la Unión Europea (UE), generada por los altos costos de la energía y de los insumos, la inflación y el perjuicio que podría significar una nueva ley europea de etiquetados en caso de que se apruebe. A ello se suman los aumentos de precios y las dificultades de transporte por la guerra entre Rusia y Ucrania, y el cambio climático. Al respecto emitieron un comunicado solicitando medidas a sus respectivos gobiernos y a la Comisión Europea en defensa de la sostenibilidad económica y social del sector.
Los días 13 y 14 de setiembre pasado, en la ciudad italiana de Conegliano, cerca de Venecia, se llevó a cabo la reunión del «Grupo de Contacto» de las asociaciones nacionales del sector vitivinícola de España, Francia e Italia. Este foro constituye un marco para el diálogo entre las organizaciones representativas del sector de los tres países para alcanzar posiciones comunes sobre los principales temas de interés para la industria del vino.
Durante el encuentro, las principales entidades del vino europeo debatieron sobre la situación del mercado en un momento de especial incertidumbre mundial. En la mesa se puso de manifiesto en primer lugar los diferentes escenarios a los que desde 2019 los tres países han tenido que hacer frente como las medidas de represalia estadounidenses sobre los vinos europeos en el conflicto Boeing-Airbus, la pandemia con el consiguiente cierre del sector hosteleroy, las dificultades para encontrar mercados en el período post-pandémico.
A ello se suma, por un lado, el aumento de los costos de producción, la inflación y la escasez y encarecimiento de materias primas auxiliares agravado por los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania, y, por otro, el impacto cada vez más evidente del cambio climático en las producciones.
Por todo ello, en un comunicado las organizaciones advierten sobre «el peligro de la sostenibilidad económica y social del sector vitivinícola» y piden apoyo en dos puntos: por un lado, demandan una compensación por el aumento del costo de la energía; por otro solicitan medidas excepcionales de apoyo y flexibilidad similares a las introducidas para hacer frente a las complejidades causadas por la pandemia de Covid-19.
Ola de «prohibicionismo»
Las organizaciones de los tres países también expresaron su gran preocupación por la nueva ola de «prohibicionismo». Los próximos meses serán cruciales, ya que la Comisión Europea está trabajando en iniciativas legislativas que afectan al sector del vino y, en concreto, en la revisión del reglamento de etiquetado.
Por ello, las delegaciones pidieron en la reunión que se siga prestando atención a la lucha contra el consumo abusivo de alcohol, respetando la voluntad expresada por el Parlamento Europeo en su informe BECA, y se evite aprobar normas desproporcionadas, como la propuesta de reglamento de ley irlandesa de etiquetado, que constituye una amenaza contra el sector vitivinícola y todo lo que éste representa en Europa como las tradiciones, el modo de vida europeo o la cultura gastronómica, de la que el vino forma parte indisoluble.
Al respecto, las asociaciones reunidas piden a sus gobiernos que se preserve la política de promoción como herramienta para garantizar la competitividad del vino; asimismo que no se modifiquen las normas sobre el etiquetado nutricional y lista de ingredientes del vino ya aprobadas en los reglamentos de la PAC, incluido el etiquetado electrónico; además, y por último, reclaman la implicación de los demás Estados miembros y pidan a la Comisión Europea a que se opongan a la propuesta irlandesa sobre las advertencias sanitarias presentando un dictamen razonado en el marco del procedimiento TRIS de prevención de obstáculos al comercio.
El caso de Irlanda
En mayo de 2021, el gobierno de Dublín, de coalición entre centristas, democristianos y verdes, elaboró un borrador de la nueva Ley de Salud Pública, para fijar un precio adicional a las bebidas alcohólicas por cada gramo de alcohol.
Esta ley fue aprobada y entró en vigor a principios de 2022 y establece un precio mínimo para las bebidas alcohólicas cobrando por cada gramo de alcohol 10 centavos de euro. Esto significa que la botella de vino más barata con un 12,5% no puede costar menos de 7,40 euros en el comercio minorista, mientras que el precio mínimo de una lata de cerveza de medio litro sería de 1,32 euros.
En un comunicado, el ministro irlandés de Sanidad, Stephen Donnelly, justificó el aumento del precio del alcohol diciendo que «reducirá las enfermedades graves y las muertes causadas por el consumo de alcohol». También señaló que «la fijación de precios ha funcionado en Escocia», país en el que se introdujo un precio mínimo para el alcohol en 2018 provocando un descenso en las ventas de bebidas.
Organizaciones del «Grupo de Contacto»
Por España, la Asociación Empresarial Vinos de España (AEVE), la Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Cooperativas Agro-Alimentarias de España, la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la Federación Española del Vino (FEV), la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).
Por Francia, la Associazioni FNSEA – Commission Viticole, La Coopération agricole – Vignerons coopérateurs de France (VCF) y Vignerons indépendants de France.
Y por Italia la Alleanza delle Cooperative Italiane Agroalimentari, Assoenologi, CIA – Agricoltori Italiani, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Federdoc, Federvini, Fivi y Unione Italiana Vini.
Fuentes: Agencia Efe y la Asociación Empresarial Vinos de España (AEVE)
