En Mendoza está vigente desde enero de 2019 la ley 9.133 de Registro de Contratos de Compraventa de Productos Agrícolas, también conocida como ley Manzur, por el apellido del legislador que la diseñó. La norma establece la obligatoriedad de registrar los contratos de compra-venta de productos agrícolas. Su objetivo es proteger al productor primario, formalizando su relación comercial con los bodegueros y pactando por anticipado, bajo un paragüas legal, las operaciones comerciales entre ambas partes. Tras un año y medio de aplicación irregular, en agosto de 2020 la Legislatura modificó algunas de sus reglamentaciones: se endurecieron las sanciones a los establecimientos industriales que no cumplieran la ley, se aumentaron los montos de las multas y se agregó la obligación de convocar a las asociaciones de productores a la hora de establecer costos y pactar precios.
En abril de 2022 el monitoreo de la Dirección de Fiscalización y Control se hizo más riguroso y comenzaron a llegarles fuertes multas por incumplimiento a productores frutihortícolas. Fueron 81 sanciones económicas en 2022 y 37 en lo que va de 2023, sobre un total de unos 8.500 contratos que se confeccionan anualmente. Ante esta situación, distintas organizaciones de industriales frutihortícolas vienen pidiendo desde comienzos de 2023 la derogación de la ley, argumentando que los montos de las multas son excesivos y que el gobierno no debe intervenir en la regulación y vigilancia de contratos entre privados, sino sólo la justicia en caso de ser necesario por incumplimiento de algunas de las partes.
La movida a favor de la derogación se intensificó en las últimas semanas desde General Alvear, donde los industriales locales reunidos en la Cámara de Comercio e Industria redactaron y elevaron una carta al gobierno manifestando que con las multas «se castiga al industrial fuertemente». También se refirió al tema, en la misma sintonía, Gustavo Oller, titular de la firma alvearense Frutipack. Desde el sector vitivinícola, Matías Manzanares, secretario de la Asociación de Viñateros de Mendoza -entidad que apoyó la ley original en 2018 pero que criticó luego las modificaciones introducidas en 2020- consideró que derogar la ley sería un «exceso» pero sí admitió que necesita cambios, y que esos cambios deberían implementarse con una mayor participación de los productores primarios. A su turno, por la Dirección de Fiscalización y Control del gobierno provincial, el funcionario José R. Cortez defendió la norma y la aplicación de multas.
Frente a la polémica y al descontento de algunos industriales, que han recibido fuertes multas que van desde los $5.000.000 hasta los $100.000.000 (equivalentes al 5% del monto de los contratos), los periodistas Pablo Pérez Delgado y Marcelo Bustos Herrera, del programa Conexión Agro, de Radio Nihuil de Mendoza, entrevistaron a José Ricardo Cortez, titular de Fiscalización y Control; al empresario frutícola alvearense Gustavo Oller y al directivo de la Asociación de Viñateros de Mendoza Matías Manzanares, quienes con sus declaraciones ofrecen un claro panorama de la situación actual del conflicto, dichos que a continuación resumimos y reproducimos en esta nota.
Puede interesarte el origen de la problemática en la nota de Enolife del 19/8/20 «El gobierno busca reformar la ley 9.133 de contratos agrícolas y la Asociación de Viñateros se opone»
José Cortez: «Es normal que los industriales estén molestos porque la ley pone toda la carga sobre ellos»
El director del organismo Fiscalización y Control del Ministerio de Economía de Mendoza manifestó: «En el caso de los productores frutícolas, lo que hemos visto es que ha habido, en las dos últimas cosechas, un comportamiento bastante irregular, lo que ha llevado a que se les apliquen multas. La multa está fijada por ley y es un munto equivalente al 5 por ciento de los contratos que están en infracción. Por ejemplo, si un industrial recibe una multa de 20 millones de pesos, lo que está en infracción son 400 millones de pesos. El monto es elevado por que esos contratos también es elevado».
Y con respecto a la objeción que ponen los industriales a los plazos fijados por ley para la presentación de los contratos, cuando, aducen, en esa actividad «se trabaja todo el año», Cortez expresó: «Primero, no es estrictamente cierto que toda la industria trabaje todo el año. Algunos productos admiten la conservación en frigorífico, y esa consevación no es ilimitada, puede ser que alguno trabaje más tiempo, hay varios, pero no es el común de la industria. Y segundo, todos los productos que ingresen después del plazo límite, pasan a considerarse en el siguiente ejercicio, por lo cual no es cierto que se los esté sancionando por productos ingresados fuera de término… La obligación que fija la ley es la de tener registrado el contrato antes de que la materia prima ingrese. Vamos a poner el caso del durazno: hay gente que emprezó a recibir durazno en enero y tiene tiempo hasta el 30 de abril para registrar el contrato, si no lo hacen es porque no hay voluntad de registrar el contrato, no porque no hayan tenido tiempo».
Finalmente, el funcionario consideró: «Yo estoy de acuerdo con la ley, pero independientemente de mi opinión, lo que nosotros hacemos es aplicar las leyes que nos envía la Legislatura. O sea que si mañana la ley es derogada, la Dirección de Fiscalización y control dejará de aplicarla y controlar… El espíritur de esta ley es la defensa del productor primario, que no se pronunciado en contra de la norma, o sea que es normal que los industriales estén molestos porque es una ley que pone toda la carga sobre ellos».
Gustavo Oller: «El gobierno se mete en el medio de un contrato entre privados»
El empresario titular de la empresa alvearense Frutipack considera que la norma tiene sobre todo un objetivo «recaudatorio», que es «inconstitucional», que no beneficia al productor primario y que ya es obsoleta porque desde fines de 2018, cuando se sancionó, a la actualidad, «ha cambiado la matriz de producción». Así lo explicó:
«Estas multas en algún momento van a recaer sobre el total de los industriales, porque técnicamente hay algunos desfasajes… La agricultura ha cambiado, ha evolucionado, y también los procesos vinculados. Nosotros, por ejemplo, somos una de las plantas nuevas que han cambiado esa matriz de producción, y necesitamos incorporar fruta fuera de las fechas límites que establece Fiscalización y Control. No es verdad que hoy esas operaciones puedan pasar a la cosecha siguiente, porque las multas siguen apareciendo. Además, convengamos, es un contrato entre partes privadas, entre organismos privados, ni el productor ni nosotros como elaboradores no tenemos ningún beneficio por parte del gobierno, entonces nos preguntamos por qué está el gobierno en el medio; si es por el tema del cumplimiento del contrato, eso se debería reglamentar desde otra esfera, se debería llevar desde la parte jurídica. Pero ese 5 por ciento que uno tiene que pagarle al gobierno es inconstitucional. Pongamos un ejemplo: nos dicen que nosotros tenemos que traer el contrato antes de ingresar la materia prima a nuestra planta, entonces vamos y hacemos un contrato con don Jorge, por 1.000 kilos o 5000 kilos de tomate antes de que ingrese a la planta. Pero en ese lapso de tiempo pueden haber ocurrido un montón de situaciones, un fenómeno climático perjudicial, o que venga otro industrial elaborador y le ofrezca al productor un 5 o un 10 por ciento más por su tomate, y entonces vos te quedás con un contrato en el que has pagado un 5 por ciento… Entonces eso demuestra automáticamente que la ley no sirve».
Consultado por los periodistas acerca de por qué si la ley está en vigencia desde comienzos de 2019, los reclamos de los industriales salen a la luz en estos últimos meses, Oller contestó: «Lo que pasa es que lo que ha cambiado ahora son los valores, eso es lo que empezó a hacer mucho ruido, ha habido multas muy fuertes, de todos los colores».
Sobre el objetivo declarado de la ley, Oller rebatió: «La ley tiene solamente un espíritu recaudatorio, porque no hay un aval técnico para que vos digas ‘yo quiero proteger al productor’, porque al productor no se lo protege así, al productor se lo protege de otra manera, porque, repito, es un contrato entre privados, nosotros cumplimos que le decimos que le vamos a pagar a don Jorge, y si no se cumple, hay mecanismos para denunciarlo. Acá el que más padece esta ley es el industrial pequeño, el productor que hace dulces o tiene un secadero de frutas, el que hace productos elaborados. A nosotros los productores pequeños cuando nos llega la multa, marche preso, no hay forma de poderte defender… La verdad es que ahí hay mucha tela para cortar, por eso nosotros lo que estamos pidiendo es la derogación de esta ley, porque no sirve. Hay que barajar y dar de vuelta».
Matías Manzanares: «La ley hacía falta, es cierto que necesita modificaciones, pero derogarla es un exceso»
El secretario de la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM), Matías Manzanares, consideró que en el sector vitivinícola las multas no impactan demasiado porque «estamos en regla y en blanco», pero reconoció que hay que trabajar y modificar dos aspectos fundamentales para la aplicación de la ley: que los contratos se presenten antes del 22 de junio, como está establecido ahora, para evitar especulaciones y retaceos en el precio de la uva establecido a comienzos de temporada, y que los costos de producción y el precio final de la uva sean definidos por los organismos técnicos y las asociaciones trabajando en conjunto, para no perjudicar al productor primario.
Así lo explicó Manzanares: «Con esta ley se trabajó mucho, todas las entidades viñateras y los bodegueros nos juntamos con los legisladores, se discutió, se consensuó, aunque algunos temas puntuales no quedaron consensuados, pero bueno, salió. Nosotros en ese momento vimos que en el sector de la fruta y las hortalizas se iba a venir un problema, porque no están tan en regla y tan en blanco como en nuestro sector… La ley hacía falta, y entendemos que tiene que seguir estando, pero desde la parte vitivinícola consideramos que la derogación es un exceso. Por supuesto, necesita modificaciones, necesita que nos volvamos a sentar…»
Y agregó: «Te cuento la experiencia nuestra, que tal vez le sirva a los frutícolas: Fiscalización y Control y el Ministerio de Economía siempre han estado abiertos a la charla, al consenso, nos han citado a un montón de reuniones, hemos planteado las problemáticas, y así se han ido modificando, se han ido reglamentando… Siempre que han estado las dos partes, la parte industrial y la parte productiva, se han podido cambiar algunas cosas, pero quedan varias por cambiar, pero te quiero decir que hay predisposición y se ha podido trabajar, de hecho nos reunimos permanentemente para ir evaluando ese tema».
Para finalizar, el periodista le planteó a Manzanares una situación conflictiva y requirió su respueta: «Matías, esta semana, charlando con algunos actores importantes del sector, nos decían que hoy en la vitivinicultura está pasando que vos en marzo vos arreglás un precio, un valor por la uva, y después, en el transcurso del período, antes del vencimiento del plazo para presentar los contratos, el productor recibe un llamados cambiando las reglas del juego y bajándole el precio a la uva… Y que el productor, en medio de la situación económica compleja que vivimos, necesita el dinero y acepta esas reglas de juego tan complicadas… ¿Esto se está viviendo en la vitivinicultura?
El directivo de AVM admitió la maniobra y el problema: «Totalmente, esa es una de las cuestiones que hay que modificar totalmente, es lo que hace que esta ley por ahí no defienda tanto al productor. Eso ha ido pasando con las distintas modificaciones que han salido en la ley. Si vos te fijás, la ley en su principio decía que los contratos se debían presentar el 5 de mayo; después en otra reglamentación se estiró 10 días después de finalizada la cosecha por el INV, y después se estiró al 15 de junio… Vos fijate cómo se ha ido extendiendo, y eso hace que pactemos un precio pero que hasta el 15 de junio se especule qué precio le terminan pagando al productor… Para ajustar este tema, en febrero pasado nos reunimos en la Mesa de Concertación, en donde la idea es ver qué valor le ponemos a la uva y qué costos tenemos. Es decir, los productores primarios tenemos todas las costillas contadas, no tenemos problemas en calcular los costos junto con el INTA y así nosotros después fijar los precios finales… Entonces creemos que ahí es donde tenemos que seguir avanzando, hace falta un poco más de responsabilidad empresaria, no de todos, de algunos…».
