El viticultor, enólogo, docente y bodeguero mendocino Daniel Buono es también un ferviente comunicador de los problemas y desafíos que vive la vitivinicultura local y nacional, generando textos que comparte generosamente con los medios interesados en estas temáticas. En esta columna de opinión, Buono analiza el negocio del mosto, la distribución de los ingresos que genera y la situación de los productores primarios.
La vitivinicultura cuyana arrastra una injusticia estructural que ya no admite eufemismos. Mientras la exportación de mosto concentrado de uva muestra márgenes netos cercanos al 40%, los productores de uva y de mosto sulfitado pierden dinero. Y no es por ineficiencia, sino por un esquema de intervención estatal que distorsiona el mercado y consolida una profunda asimetría dentro de la cadena.
Los datos son elocuentes. Una tonelada de mosto concentrado a 68° Brix se exporta hoy desde Mendoza a U$S 1.400 FOB. Aun descontando todos los costos reales -materia prima, energía, mano de obra, amortización, flete marítimo, seguros y comisiones- el exportador obtiene una ganancia neta superior a los U$S 540 por tonelada. Es decir, un negocio altamente rentable, con riesgo limitado y mercado asegurado.
Ese margen no surge del aire. Se construye sobre uvas pagadas por debajo de sus costos y sobre un sistema de cupos obligatorios impuesto por los gobiernos de Mendoza y San Juan, a través del llamado Acuerdo Vitivinícola Interprovincial, que cada año fija porcentajes de uva destinados a mosto (12%, 17%, 18% o incluso 20% por defecto).
El objetivo declarado es “equilibrar el mercado del vino”. El resultado real es otro: materia prima garantizada y barata para la industria concentradora, sin precio sostén para el productor. Aquí está el núcleo del problema.
El Estado interviene el mercado, pero lo hace de manera incompleta y desigual. Obliga al viñatero a destinar parte de su producción a mosto, pero no fija un precio mínimo para la uva ni para el mosto base, ni compensa las pérdidas que esa obligación genera. El productor queda atrapado: o cumple el cupo o queda fuera del sistema».
Desde el punto de vista constitucional, la situación es grave. El artículo 14 de la Constitución Nacional garantiza el ejercicio libre de la industria lícita; el artículo 17 protege el derecho de propiedad; y el artículo 28 establece que las reglamentaciones no pueden alterar esos derechos. Obligar a producir y vender sin garantizar un precio justo constituye una restricción irrazonable y una transferencia forzada de renta desde el productor primario hacia el sector industrial-exportador.
Mientras tanto, el discurso oficial habla de “defender la vitivinicultura”. Pero no hay defensa posible cuando un eslabón gana sistemáticamente y el otro pierde de manera estructural. No hay equilibrio cuando el productor financia, con su quebranto, la rentabilidad de otros.
Si Mendoza y San Juan deciden intervenir, deben hacerlo de forma integral y transparente: o se libera el mercado, o se establecen precios sostén obligatorios, o se compensan las pérdidas generadas por los cupos. Todo lo demás no es regulación: es distorsión.
Y ninguna economía regional sobrevive mucho tiempo cuando se construye sobre la pérdida del que produce.
