Tras un rápido tratamiento y aprobación al proyecto de derogación de la ley 9.133 de Mendoza en la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados de la Legislatura provincial dio sanción final el 9/10/24 al proyecto del Poder Ejecutivo por el cual se deroga la Ley 9133 – Registro de Contratos de Compra Venta de Productos Agrícolas. La votación resultó por mayoría.
Cabe destacar que durante el tratamiento en el recinto legislativo se pusieron a consideración dos despachos, uno en mayoría y otro en minoría (impulsado por Gabriela Lizana (FRLN). Este último, finalmente no prosperó.
La Ley 9.133, establecía que los contratos que tengan por objeto la compra venta de productos agrícolas, cuyo uso o destino final sea su entrega a establecimientos agroindustriales de la provincia de Mendoza, erab de registración obligatoria.
EI Decreto Reglamentario, establecía la «obligatoriedad del registro de los contratos de uva para vinificación y mosto a partir de la temporada 2018-2019… La obligación de registración de los restantes contratos agrícolas se implementará gradualmente, en función del grado de desarrollo institucional que tengan los mercados de compraventa de materia prima para los distintos sectores agroindustriales de la Provincia»
A partir de octubre del año 2020, según señala el texto remitido por el gobierno de la provincia, mediante Decreto 1298/20, se estableció la obligatoriedad del Registro de Contratos “para prácticamente en todas las materias primas agrícolas destinadas a su transformación”, a lo que agrega que “dadas las características de los mercados de compraventa de materias primas de frutas y hortalizas no se cumplieron los fines que se tuvieron en cuenta al momento de dictar la mencionada Ley”.
En esa línea, agrega que su aplicación “ha sido objeto de diversas críticas en razón de la imposibilidad de fijar un precio al momento previo del ingreso de los productos a los establecimientos”.
Asimismo, destaca que tanto los productores primarios como las industrias elaboradoras de frutas y hortalizas, han señalado en numerosos foros que la aplicación de la Ley 9133 «no beneficia a ninguna de las dos partes y genera costos y demoras en la agilidad de la operatoria comercial».
En ese marco, sostiene que el planteo de fechas de vencimiento para la inscripción de contratos «va en contra de la realidad productiva de muchos sectores que reciben frutas durante todo el año” y que “la aplicación de multas ha generado grandes perjuicios para industrias de la Provincia, aún sin haber recibido reclamos por parte de los productores primarios proveedores».
Finalmente, la fundamentación afirma que la Ley 9.133 «no contempla el caso de materias primas provenientes de otras provincias y en estas operatorias se incurre en infraccionar a empresas cuyos proveedores no tienen obligación ni la voluntad de firmar contratos, por lo tanto, la Ley carece de sentido».
En el articulado, el proyecto con media sanción del Senado dispone además de derogar la Ley, que «los establecimientos que reciban materias primas cuyo fin sea su industrialización, acopio y/o transporte, entregarán a los productores primarios en el momento de recibir la materia prima, un recibo o documento equivalente, en el que constarán las cantidades de materia prima recibida, calidades, precio pactado y forma de pago convenida de la transacción».
Además, establece que el Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Agricultura, «deberá difundir toda la información relacionada a las principales actividades agropecuarias de la Provincia, en base a los datos recolectados por los distintos Organismos de Gobierno. Estos informes serán de acceso general y gratuito y tendrán como objeto dotar a todos los actores de las actividades alcanzadas con datos precisos y oportunos que faciliten la toma de decisiones».
El debate
La diputada Flavia Dalmau (UCR), se constituyó en miembro informante y aclaró que «estamos buscando la derogación de esta ley que fue creada en su momento para ayudar a los productores pero con el paso del tiempo se vio que no funcionó, porque no tenía la implicancia de ayudar al productor». Resumió que «pedimos la derogación para que no haya burocracia y haya libre comercialización».
En el mismo sentido se expresó María Eugenia De Marchi (UCR), quien afirmó que «es inconstitucional la Ley que está vigente porque el principio que rige en el país es el libre comercio. Esta Ley no cumplió su objetivo, lejos de lograrlo, ha traído muchos perjuicios».
Remarcó la diputada que «Mendoza no es sólo vitivinicultura. La Ley 9.133 abarca a todos los productores agroindustriales de la provincia. Esta Ley trajo perjuicios, uno de ellos es violar el principio de libre comercio, y otro, dejar que nuestra economía regional sea competente, a tal punto que algunas han preferido mudarse a otras provincias».
Diferenció De Marchi las características distintas que tienen los productos agrícolas, y subrayó que «esta Ley produce una desventaja competitiva». «Yo brego por la libertad de contratación en nuestro país; los productores no tienen que ser dependientes del Estado», sintetizó.
A su turno, Gabriela Lizana (FRLN) destacó que se presentó un despacho en minoría, y explicó su desacuerdo con este proyecto. Realizó una comparación entre el despacho en minoría y el de mayoría, y criticó «dificultades técnicas» en el proyecto con mayor apoyo.
Sostuvo que su postura es la de modificar la legislación existente, no derogarla, y con ello tener «la posibilidad de una herramienta para saber los costos de una producción». «El proyecto desalienta la lealtad comercial» indicó y abogó por «marcos de sostenibilidad» con miras al futuro.
El diputado Jorge Difonso (LUM), adelantó el voto negativo de su espacio y subrayó que «no va en sintonía con la legislación nacional», augurando además un «impacto sobre las pymes».
«Esto impacta en los pequeños productores que son muchos y dan trabajo. Un puesto de trabajo que se pierda en esta coyuntura va a ser muy grave», indicó el legislador y remarcó que la Ley, con sus errores, tuvo «distintos impactos en el sector vitivinícola como en el frutihortícola». Resumió que «el pequeño productor necesita un instrumento para hacer valer su trabajo», y que este sector precisa de una Ley que sea «aplicable en la realidad que les toca vivir».
A su turno, José Luis Ramón (Bloque CyC), afirmó que apoyaba el despacho en minoría y por lo tanto manifestaba su «voto negativo», a la propuesta del Poder Ejecutivo. Entre sus palabras, destacó que en la legislación provincial debería «haber cumplimiento de la lealtad comercial, cumplimiento de la defensa de la competencia y cumplimiento de los derechos de los usuarios y consumidores»; es por ello que consideró que «esta Ley va a contramano de la legislación convencional, constitucional y legal nacional». Afirmó, asimismo, que «los productores no estarían en condiciones de negociar».
Por su parte, Enrique Thomas (PRO-Libertad), al hacer uso de la palabra, indicó que «me parece que la discusión de fondo es cómo se defiende al pequeño productor, como se lo protege. Personalmente, y como interbloque, siento la pasión por revertir una situación de la Argentina muy compleja». Además, sostuvo que «para defender a los productores tenemos que dar créditos, con una macroeconomía ordenada, integración, tecnología. Estamos hablando en un mercado restringido, nosotros pensamos que con estas herramientas que se plantean no se puede ayudar, dejemos de subestimarnos, el mercado está deprimido y restringido, y los productores en este marco no tienen futuro». En este contexto, declaró que «hay que eliminar la (ley) 9133; no tiene sentido. La regulación de los precios no sirve».
Finalmente, reflexionó: «debatamos nuevas herramientas para que los pequeños productores sigan trabajando integrados. Invito a los legisladores a apoyar la derogación de esta ley y a darnos el debate necesario para ayudar a los productores agrícolas y vitícolas».
