A fines de 2018 se creó, por ley, un Registro Único de Contratos de compra y venta de productos agrícolas. En principio, la norma se aplicó para las operaciones entre viñateros y bodegueros, y más adelante se utilizará para los productores y compradores de frutas y hortalizas. Su objetivo es proteger al productor primario, formalizando su relación comercial con los bodegueros y pactando por anticipado, bajo un paragüas legal, las operaciones comerciales entre ambas partes.
Al cabo de un año de la puesta en práctica de la llamada «Ley Mansur» -que en su momento recogió un histórico reclamo de los productores primarios- se advirtieron algunas falencias en la reglamentación que el Poder Ejecutivo de Mendoza propuso corregir a través de la modificación de algunos artículos. El nuevo texto ya fue votado y aprobado por el Senado, y ahora se espera el ok de Diputados. Sin embargo, la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) no está de acuerdo con los cambios por considerarlos un paso atrás. Y desde el Gobierno defienden el aggiornamiento de la norma.
A fines del 2018, se creó un Registro Único de Contratos (ver link más abajo) a partir de la propuesta del ex diputado radical Ricardo Mansur. La norma regula la comercialización de productos frutihortícolas para la industria. Ayer 18/8, el Senado de Mendoza trató y aprobó una solicitud -presentada por el Poder Ejecutivo- para modificar algunos de los artículos de la ley y así poder avanzar en su implementación. Los cambios fueron aprobados por 34 votos positivos y 1 negativo, y ahora el texto corregido pasó a la Cámara de Diputados para su revisión.
Ver Registro Único de Contratos
En la sesión del Senado, los legisladores involucrados en el tema defendieron u objetaron distintos aspectos del proyecto de modificación de la ley. A su turno, el senador radical Diego Costarelli informó sobre los aspectos que considera más importantes. «Se trata de una propuesta que pretende proteger al productor primario de la uva. Venimos a plantear dos modificaciones a dos artículos, en el artículo 5 de esta ley. Lo que venimos a hacer es llamar a una suerte de paritaria de todos los sectores, para que en un ámbito no gubernamental puedan definir este tema”, argumentó Costarelli.
Se trata de una propuesta que pretende proteger al productor primario de la uva.
Senador Diego Costarelli (radical), al exponer sobre la modificación de la ley 9.133
En cuanto al segundo artículo que se quiere modificar, el legislador expuso: «El artículo 7 tiene que ver con la condena a aquellas bodegas que no cumplan con el contrato… Estamos trayendo una propuesta para mitigar un poco la rigurosidad que plantea la ley en cuestión».
Por su parte, el senador peronista Bartolomé Robles expresó: «Muy pocas veces he visto que un decreto reglamentario abriera tantas puertas a una ley. Creemos que es importante cambiar una palabra para que no pierda la finalidad la 9.133. Tiene que ver con la redacción del artículo 5… Lo que sugerimos y entendimos fue compartido por el funcionario del gobierno y los miembros del oficialismo, que la aplicación de la norma fuera obligatoria». Robles propuso que la frase «podrá convocar» sea reemplazada por «deberá convocar». Y que es necesario asegurar la participación de las entidades que representan a los productores, «que muchas veces no tienen la posibilidad de ser escuchados».
Sugerimos que la aplicación de la norma sea obligatoria… Que la frase ‘podrá convocar’ sea reemplazada por ‘deberá convocar'».
Senador Bartolomé Robles (peronista), al plantear su principal objeción a la modificatoria.
El único legislador que se opuso tajantemente a acompañar la propuesta, desaprobando los cambios, fue Lautaro Jiménez, del Frente de Izquieda de los Trabajadores (FIT).
Si bien anteriormente la reglamentación establecía la inscripción obligatoria de los contratos de uva y, luego, paulatinamente, la implementación del resto de los contratos agrícolas, la norma que se busca aprobar permitirá que también se inscriban a la brevedad los contratos de compraventa de durazno, ciruela, aceitunas, ajo y tomate que tengan como destino la industria en la temporada 2019/2020.
La propuesta del Ejecutivo: acercar a las partes sin obligarlas
Tras la experiencia del último año y el análisis de sus asesores, el gobierno provincial evaluó que la norma original no era totalmente abarcativa, por lo que a mediados de julio último envió el nuevo proyecto de ley con la intención de modificar los artículos 5 y 9 de la ley anterior.
La propuesta del Ejecutivo es que se convoque a los sectores interesados a tratar en conjunto, en un ámbito no estatal, los aspectos de interés para las transacciones comerciales, tales como costos de producción, calidades de los productos, situación de los mercados, precios de referencia, plazos de entrega de materias primas, modalidades de pago y todo lo que resulte de interés para cada sector.
Además, propone que los establecimientos que registren sanciones por incumplimiento a la ley 9.133, o aquellos sobre los cuales recaiga una sentencia condenatoria por incumplimiento de contratos registrados, no puedan acceder a subsidios, créditos de fomento, beneficios originados en la Ley Nº 6216 o cualquier otro beneficio sostenido con fondos públicos provinciales, por un plazo de un año la primera vez que incumplan y por un plazo de tres años si son reincidentes. En la nueva norma propuesta, el cumplimiento voluntario de la resolución correspondiente, en el primer supuesto, rehabilitará a la recepción de los beneficios. Y en el segundo supuesto, reducirá la inhabilitación establecida por este artículo al plazo de un año.
Las objeciones de la Asociación de Viñateros de Mendoza
Simultáneamente con el tratamiento del proyecto en Senadores, la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) planteó sus objeciones y críticas en un comunicado subido a su página web.
En la declaración -cuyo link de acceso publicamos más abajo-, la Asociación de productores liderada por el ingeniero agrónomo Eduardo Córdoba observó que «este deseo de reforma atenta contra el espíritu de la misma y la protección al productor».
En otro de los párrafos del comunicado de la AVM, se afirma: «Está claro que esta ley comienza a quedar fuera de foco… lo importante del caso es determinar qué es lo que está llevando a ello. Si a un auto comenzamos a sacarle de a una las ruedas, es obvio que va a llegar un momento que este no va a cumplir su objetivo y no va a ir para ningún lado. Con esta ley, mediante su reglamentación y modificaciones arbitrarias que por casualidad o mejor dicho causalidad benefician a las bodegas y trasladistas, se está buscando que quede inoperante».
Una de las críticas que formula la AVM al nuevo proyecto es que «la reglamentación salió totalmente inconsulta con las partes, afectando totalmente el espíritu de la ley». Es decir, que no fueron convocados para debatir los cambios propuestos por el Ejecutivo.
La reglamentación salió totalmente inconsulta con las partes, afectando totalmente el espíritu de la ley».
Eduardo Córdoba, presidente de la Asociación de Viñateros de Mendoza
Ver documento AVM: «Objeciones al intento de modificación de la ley 9133»
En respuesta a esta última afirmación de la AVM acerca de que ellos no fueron consultados, el economista y asesor del Ministerio de Economía Alfredo Aciar, especialista en temas vitivinícolas, se mostró sorprendido y respondió: «Esta modificatoria vino pedida fundamentalmente desde el seno del Fondo Vitivinícola Mendoza, y en el Fondo la gente de la AVM tiene un asiento… Allí estuvimos discutiendo el tema durante tres meses antes de presentar el proyecto de modificación. No sólo se trató el tema en la mesa del Fondo Vitivinícola donde ellos están, sino que les pasamos el texto de la modificatoria para ver si estaban de acuerdo, se lo pusimos a consideración… A mí me parece que están haciendo política, porque no pueden decir que no les ‘avisamos’ que ayer (por el 18/8) se iba a tratar el tema en Senadores».
No es cierto que la modificatoria vaya a perjudicar a los productores primarios… Por el contrario, buscamos que ambas partes se sienten en una especie de paritaria para acordar previamente, en un ámbito no estatal».
Alfredo Aciar, economista asesor del Ministerior de Economía de Mendoza
Volviendo a uno de los puntos que serían modificados en la ley, Aciar aseguró: «De ninguna manera es cierto que con esta modificatoria nosotros buscamos ‘perjudicar’ a los productores primarios ni ‘favorecer’ a los bodegueros… Muy por el contrario, buscamos que ambas partes se sienten en una especie de ‘paritaria’ para acordar previamente en un ámbito no estatal los precios de la uva y que luego definan y registren el contrato… Después, la ley seguirá protegiendo el acuerdo: si una de las partes no lo cumple, habrá las sanciones legales del caso».
