La productora vitivinícola, dirigente del sector en el Este de Mendoza y legisladora provincial por la agrupación de origen peronista Renovador Mendoza Línea Nacional, Gabriela Lizana, solicitó a los legisladores nacionales por Mendoza que impulsen la modificación de la Ley 26.377 de Corresponsabilidad Gremial, incorporando la obligatoriedad de establecer un régimen diferenciado según sea la escala escala productiva de los viñateros, para aliviar la situación económica de los medianos y pequeños productores, sobre todo los vitivinícolas. Una de las propuestas incluidas en el proyecto es aliviar la situación fiscal de las pymes que tengan hasta 30 hectáreas o produzcan hasta 3.000 quintales de uva, complicada por el bajo precio de la uva y la dificultad para afrontar salarios a cosechadores en época de vendimia.
Los Convenios de Corresponsabilidad Gremial (CCG) tienen como principal objetivo simplificar el ingreso de aportes y contribuciones a la seguridad social, así como perfeccionar los métodos de recaudación y fiscalización. Estas iniciativas están orientadas a garantizar el trabajo registrado y proporcionar una cobertura de seguridad social para los trabajadores y sus familias. Además, permiten la creación de regímenes de complementación previsional autofinanciados por los sectores involucrados, lo que amplía la protección y los beneficios para los trabajadores de dichos sectores.
Hay que tener en cuenta que por medio de la sanción de la Ley N° 26.377 del año 2008 comenzaron a implementarse estos convenios en la República Argentina para facilitar el cumplimiento de la normativa laboral y de la seguridad social en el ámbito rural.
En Mendoza, el CCG Vitivinícola se firmó por primera vez en diciembre de 2011 (implementado durante la cosecha 2012), homologado por Resolución Nº 6/2012 de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Tras más de una década de vigencia de esta reglamentación, la diputada provincial Gabriela Lizana solicitó a los diputados nacionales por Mendoza su modificación teniendo en cuenta los cambios que hubo en muchas de las variables que se tienen en cuenta en esa ley.
En este sentido, Lizana pidió que se incorpore la obligatoriedad de establecer un régimen diferenciado por escala productiva a fin de garantizar la efectividad del sistema, aliviando la situación económico financiera de los medianos y pequeños productores.
«Teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad por la que atraviesa el sector agrícola ganadero de la provincia en general y los productores vitivinícolas en particular, y los efectos nocivos tanto sociales como económicos que implica el abandono de las fincas, resulta imperioso tomar medidas de manera urgente tales como la exención de la tarifa sustitutiva a los propietarios de hasta 30 hectáreas o con una producción anual de hasta 3.000 quintales. Dicha medida se fundamenta en la nula rentabilidad de dichas explotaciones, dado el bajo precio de la uva, el descenso del consumo y el desequilibrio en la cadena de producción tantas veces denunciado por mi parte», remarcó la diputada.
Los firmantes del CCG por parte de las entidades representativas de los productores vitivinícolas de Mendoza son los siguientes: Asociación de Bodegueros y Viñateros de Mendoza, Bodegas de Argentina, Unión Vitivinícola Argentina, Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, Asociación de Cooperativas Vitivinícolas y Cámara de Comercio de San Rafael. A su vez, en representación de los trabajadores del sector, la entidad firmante es la Foeva.
El objeto del Convenio es adecuar los procedimientos de recaudación y pago de los diferentes subsistemas de seguridad social para los trabajadores que realizan la cosecha de uva con destino a vino y mosto, por medio de la implementación de una tarifa sustitutiva que reemplaza y difiere el pago mensual de los aportes y las contribuciones desde el período de cosecha (febrero, marzo y abril) hacia los meses que transcurren entre agosto y diciembre de cada año.
Para la legisladora, se debe tener en cuenta que los productores vitivinícolas, cuya economía es apenas de subsistencia, soportan una excesiva presión impositiva, siendo el sector uno de los pocos que se encuentra totalmente fiscalizado y por ende que cumple íntegramente con sus obligaciones fiscales.
«En el mismo orden de ideas, a más de 20 años de la vigencia del CCG en el sector vitivinícola, resulta necesario y apremiante la realización de una reevaluación técnico financiera de los sujetos obligados y de los resultados obtenidos en dicho periodo en términos de beneficios para los y las trabajadores/as. A partir de datos reales relativos a la rentabilidad de la actividad para todos los actores, los costos laborales y fiscales será posible establecer umbrales mínimos de viabilidad económica para el efectivo cumplimiento de los CCG», indicó la autora de la propuesta.
Finalmente, Lizana enfatizó: «A dichos fines resulta necesario e imprescindible el trabajo conjunto de los sectores involucrados con el acompañamiento de los entes públicos nacionales y del Estado Provincial. En especial, tratándose de normativa nacional es fundamental contar con el compromiso de los legisladores nacionales por la Provincia de Mendoza en el estudio y formulación de propuestas tendientes a reequilibrar la ecuación económica de los pequeños y medianos productores sin desfinanciar el sistema».
