Los principales dirigentes de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) se reunieron el 10/1/24 con diputados y senadores de las provincias vitivinícolas argentinas para solicitarles que no apoyen el artículo 205 del “Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (más conocido como “Ley Ómnibus”), que propone gravar las ventas de vino al exterior con un 8% de la facturación. Consideran que con ese impuesto se perdería una parte del ingreso de divisas, se perjudicaría la generación de empleo y se provocaría desarraigo de viticultores en las zonas productivas.
En la foto principal (autoría de La Nación): Mario González, presidente de Coviar; José Zuccardi, vicepresidente de Coviar y director de la Familia Zuccardi; José Mayans, diputado UXP, por Formosa, Anabel Fernández Sagasti, por Mendoza y Fernando Rejal, por La Rioja.
En medio del tratamiento en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación Argentina del llamado “Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, miembros del Directorio de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) se reunieron el miércoles 10/1/24 en Buenos Aires con legisladores nacionales de las provincias vitivinícolas, para dialogar y manifestar su preocupación frente a la posible aplicación de derechos de exportación al sector y su impacto negativo para toda la cadena vitivinícola argentina.
En el artículo 205 del mencionado proyecto, se propone fijar en un 8% la alícuota de derecho de exportación “para todas las mercaderías correspondientes al complejo vitivinícola y al aceite esencial del limón”. Como principal argumento para el rechazo a esa idea, desde la Coviar señalan que «la vitivinicultura es una actividad de alto valor agregado, que es marca país para la Argentina, generadora de divisas, empleo y arraigo en 18 provincias».
El objetivo de la reunión fue informar a los legisladores de las distintas fuerzas políticas sobre el impacto negativo que estos derechos de exportación tendrían sobre toda la oferta exportable de Argentina, y solicitarles que no acompañen este artículo y mantengan como hasta ahora a la vitivinicultura sin tener que pagar derechos de exportación.
Del encuentro, que contó con una amplia convocatoria, participaron, por parte de Coviar, su presidente Mario González; el vicepresidente José Alberto Zuccardi; José Molina, presidente de la Cámara de Productores Vitícolas de San Juan y miembro del Directorio, y el gerente general de la institución vitivinícola, Carlos Fiochetta. Por parte de los legisladores, asistieron representantes de las provincias de Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja Neuquén, Córdoba, Formosa, La Pampa y Tierra del Fuego. Ellos fueron Juan Carlos Pagotto (LLA La Rioja); Fernando Rejal (UP La Rioja); Luis Picat (UCR Córdoba); Anabel Fernández Sagasti (UP Mendoza); Adolfo Bermejo (UP Mendoza); Pamela Verasay y Lisandro Nieri (UCR Mendoza); Mariana Juri (Cambia Mendoza); Pablo Cervi (UCR Neuquén); Oscar Parrilli (FdT Neuquén); Celeste Giménez Navarro (FdT San Juan); Jorge Chica (UxP San Juan); Walberto Allende (PJ San Juan); Daniel Bensusán (PJ La Pampa); Cristina López (PJ Tierra del Fuego); Guillermo Andrada (UxP Catamarca); José Mayans (FdT Formosa). Además estuvieron presentes los senadores y los ex gobernadores Sergio Casas (La Rioja); Lucía Corpacci (Catamarca); y Sergio Uñac (San Juan).
“La aplicación de derechos de exportación al sector afectaría directamente a toda la cadena vitivinícola, principalmente al sector primario atentando contra la generación de empleos, la competitividad externa y la atracción de inversiones de una industria presente hoy en 18 provincias”, sostuvo Mario González, presidente de Coviar. Y agregó: “Somos la industria que mayor valor agregado genera por hectárea en produccion y la que mayor mano de obra genuina genera por hectárea para todo el país, entre otros fundamentos que nos llevan a estar convencidos de que la vitivinicultura debe tener un 0% de derechos de expotación Tenemos todo para crecer, todas las cualidades para producir y poder exportar al mundo”.
La Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) es un organismo público-privado que gestiona y articula las acciones necesarias para cumplir con los objetivos del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2030 (PEVI). La integran 13 cámaras empresarias y productivas de todo el país, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) en representación del gobierno nacional y los gobiernos de las provincias vitivinícolas.
Por su parte, Daniel Rada, director del Observatorio Vitivinícola Argentino, explicó a los legisladores presentes el impacto real de los derechos de exportación sobre el vino y su cadena productiva en el caso de que la ley de apruebe.
Juan Carlos Pagotto, senador por La Rioja de LLA, sostuvo que existen defasajes del mercado de los cuales no es ajeno el Estado: “La presión tributaria que tiene este país es terrible y es uno de los problemas que debemos atacar por encima de todo. Argentina, que tiene una industria vitivinícola fuerte y que podría haber sido mucho mejor, no ha tenido las ventajas comparativas necesarias y cuando hubo fondos para crearlas no se crearon. Aspiro a que todos los argentinos podamos trabajar, crear y salir adelante, por lo que cuenten con mi compromiso para trabajar este tema”.
Por su parte, el diputado por Córdoba de la UCR, Luis Picat, señaló: “Estamos en contra de cualquier impuesto distorsivo y aumento de nuevos impuestos a los productos incluidos en el artículo presentado por el Ejecutivo, que nos saca del mercado. Creemos que no se han visto los daños colaterales y que la intención de colocar impuestos va en contra de lo que pareciera que buscan, que es abrir mercados, exportar más y traer más dólares a la Argentina”.
Anabel Fernández Sagasti, senadora por Mendoza de UP, reafirmó por su parte el compromiso de trabajar intensamente y generar los consensos para que se modifique este artículo y agregó: “El sentido común nos dice que las economías regionales no tienen que estar grabadas. Quienes somos de provincias vitivinícolas sabemos lo que esto significa, ya que para nosotros es defender, básicamente, nuestra cultura”.
Por último, senador y ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac, afirmó: “Es muy importante que nosotros escuchemos al sector y nos ilustremos sobre la realidad actual. Por ello si bien se ha hecho mucho hincapié en los derechos de exportación, que nosotros queremos defender, creemos que también debemos trabajar sobre los derechos de importación. Nos llevamos el compromiso de generar el justo equilibrio para proteger al productor y al industrial en todo sentido”.
¿Cómo afecta el derecho de exportación?
En el informe preparado por el Observatorio Vitivinícola Argentino (OVA) para informar a los legisladores se consigna que, si se toman los valores a diciembre del 2023, el precio promedio del litro de vino embotellado exportador es de 4,20 dólares FOB; el cambio al que accede el exportador es aproximadamente de $836 pesos por dólar (correspondiéndose con un 80% del de MULC y 20% del dólar MEP). Así, el precio del vino en pesos para el exportador es de $3.510).
De acuerdo a lo analizado por el OVA, el vino, como insumo, representa un 11% del valor final de una botella exportada en promedio; y lo restante se compone de mano de obra, excedente de explotación, impuestos, capsula, tapón, etiqueta, botella, caja, entre otros insumos, por lo que el derecho de exportación sobre el vino del 8% propuesto (que actualmente es de 0%) pasaría a representar el 71,3% de lo que se cobra específicamente por litro de vino exportado.
Pagar derechos de exportación del 8% para la vitivinicultura -según argumenta la Coviar- implica una pérdida de competitividad y de mercados, caída en las ventas al exterior, especialmente por parte de pymes que dejarán de exportar, y mayores excedentes de producción que se orientarán al mercado interno frente a la imposibilidad de poder venderlos en los mercados externos, generando una mayor oferta que presionará a la baja sobre los precios, afectando a los productores de uva y a las pymes.
