El 17/9, los senadores de la provincia de Mendoza dieron media sanción a la derogación de la Ley 9.133 que establece la obligación de registrar los contratos de compraventa de materia prima para el vino, la que tenía como objetivo declarado proteger a los pequeños productores asegurando que se establecieran precios y plazos de pago antes de la entrega de la uva. La nueva propuesta es que los establecimientos que reciban materias primas para su industrialización, acopio o transporte sólo deban entregar un recibo al productor, detallando la cantidad, calidad, precio pactado y la forma de pago. Pero ante la disconformidad de productores, la Mesa Agraria Mendoza realizó la petición «¡Salvemos a la producción vitivinícola de Mendoza!» y recolecta firmas para evitar la derogación.
El Senado de Mendoza aprobó el martes 17/9 la derogación de la Ley 9.133, impulsada por el Poder Ejecutivo, y a la que se le sumó otra iniciativa del senador Walther Marcolini (alvaerense de Cambia Mendoza), en una sesión que generó amplio debate entre los distintos sectores. La norma original busca evitar abusos contra pequeños productores, los que al no tener la posibilidad de dejar de cosechar o de almacenar productos perecederos, se ven obligados a ingresar su producción en establecimientos sin conocer previamente el precio ni el plazo de pago.
El miembro informante fue el propio autor de la propuesta, quien destacó «la importancia de fortalecer las economías regionales con normas adecuadas que fomenten el crecimiento y eviten obstáculos comerciales innecesarios en un contexto económico complejo».
Luego de escuchar las posturas de los legisladores de las diferentes bancadas, el proyecto se sometió a votación. La iniciativa de la dedrogación fue aprobada por 28 votos afirmativos y 10 abstenciones, por lo que fue remitida a la Cámara de Diputados en revisión.
La intención de la ley era proteger a los pequeños productores mediante la obligación de registración, asegurando que se establecieran precios y plazos de pago antes de la entrega de la producción.
Según los miembros del Senado que votaron a favor de la derogación de la ley, «un ejemplo claro en la vitivinicultura es que los acuerdos definitivos no pueden cerrarse antes de contar con una aproximación certera sobre los quintales de uva y variedades disponibles. Esta información solo se obtiene una vez que la uva ha sido cosechada y pesada en el establecimiento elaborador. Además, los precios relativos por variedad y zona se clarifican al finalizar la cosecha, cuando ya se conoce el stock resultante y las condiciones del mercado, lo que ha generado un desfase entre los precios acordados y los reales al momento de la entrega».
«Desde el punto de vista contractual, la ley imponía una obligación que afectaba la libertad de los productores para negociar de manera justa. Muchos sectores productivos y entidades gremiales coincidieron en que la norma entorpecía el comercio y dificultaba la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, ya que factores como el clima y las condiciones de mercado podían modificar sustancialmente la producción y los acuerdos previos«, continúa la argumentación.
La nueva ley propuesta establece que los establecimientos que reciban materias primas para su industrialización, acopio o transporte deberán entregar un recibo al productor, detallando la cantidad, calidad, precio pactado y la forma de pago. Además, el Ministerio de Producción será el encargado de recolectar y difundir información clave sobre las actividades agropecuarias para garantizar la transparencia y facilitar la toma de decisiones. La nueva normativa entrará en vigencia tras su publicación oficial.
Productores a favor y en contra
Según afirmó al diario mendocino Los Andes, Fernando Gaovrón, presidente de la comisión de Industria de la Cámara de Comercio de General Alvear dijo: “A la vista quedó que la ley no benefició a nadie, aumentaba lo costos y generó un sinfín de problemas al poner tiempos que no iban acompañando la producción”.
Con respecto a la nueva legislación, al empresario le parece bien la entrega de un comprobante pero pidió que en la reglamentación “quede todo bien especificado” y lo que consideró un punto clave es que “en ningún momento se ponga un plazo de ejecución del contrato y que se pueda trabajar libremente, los 365 días del año, ya sea con materias primas de dentro o fuera de la provincia”.
Mauro Sosa, gerente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este sostuvo que “la ley 9.133 no cumplió su objetivo por lo tanto no tenía sentido que siga vigente. Generó más inconvenientes que soluciones”. Y con respecto al texto de la nueva normativa, expresó: “Al entregar un recibo o comprobante, habrá que ver de qué se está hablando específicamente; por lo tanto vamos a tener que esperar, además de la sanción final, la reglamentación de la Ley”.
Pero, agrupados en la Mesa Agraria de Mendoza, productores locales se unieron para recolectar firmas en contra de esta derogación. En este sentido, el 20/9, publicaron en la página web change.org la petición «¡Salvemos a la producción vitivinícola de Mendoza!», donde explican porqué es importante para ellos mantener la ley 9133, según el siguiente texto que reproducimos a continuación:
El texto de la petición de la Mesa Agraria de Mendoza
«¿A quiénes afecta?: La derogación de la Ley 9.133 afectará principalmente a los pequeños y medianos productores de uva en Mendoza que venderán su materia prima. Ellos son el eslabón más vulnerable de la cadena vitivinícola y dependen de esta ley para pactar conjuntamente con el industrial bodeguero el precio por uva, la forma de pago, los plazos de pago y el reajuste en el caso de pago en cuotas. Sin este contrato, los productores quedarán expuestos a abusos por parte de algunas bodegas, viéndose obligados a entregar sus productos sin saber su valor y forma de pagos que, además al no ajustarse a la inflación, licúan sus ingresos.
«¿Qué está en juego?: Si la Ley 9133 es derogada, se destruirá la previsión y certeza jurídica que esta garantiza. Además, la informalidad será la norma, aumentando la explotación y perjudicando la economía local. Nuestra vitivinicultura perderá más competitividad aun y se pondrá en peligro un sector clave para Mendoza.
«¿Por qué el momento de actuar es ahora?: El momento de actuar es hoy porque la derogación de la Ley 9.133 ya está en discusión en la Legislatura de Mendoza y cuenta con media sanción del Senado. Si no levantamos la voz, perderemos una herramienta fundamental que protege las cadenas de valor vitivinícolas sostenibles de acuerdo a la organización mundial del comercio, los objetivos de desarrollo sostenible, etc. No podemos permitir que la cadena de valor vitivinícola siga ajustando sus ganancias a costa de los productores. Exigimos que los precios cubran los costos, que las formas de pago sean claras y justas, y que estas condiciones estén por escrito antes de la entrega de la uva. ¡Es hora de ponerle un fin a los abusos!
«Es necesario discutir la modificación de esta ley y re ajustarla de todas las malas reglamentaciones y modificaciones que desde su sanción se les realizaron. ESTAMOS CONVENCIDOS QUE ESTE ES EL CAMINO Y NO UNA SIMPLE DEROGACIÓN».
Para compartir la petición Descargar código QR
Fuentes: Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza, Los Andes, AVM y change.org
