Tras la presentación de la abogada Luciana Govoni -apoderada legal de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita)-, la Justicia Federal con sede en la Ciudad de Buenos Aires inició una investigación sobre los movimientos de fondos multimillonarios de la empresa Exportadora Vitivinícola SA (Evisa), controlada por los denunciados, el español Juan José Retamero (foto principal) -también dueño de la mina Gualcamayo de San Juan y apoderado legal de Iberte- y su socio el mendocino Guillermo Daniel García -ex presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
En un nuevo capítulo de la ya extensa batalla judicial que mantiene la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita) con las firmas del Grupo Iberte -comandadas por el español Juan José Retamero-, el juez federal argentino Daniel Rafecas admitió una denuncia de Fecovita contra la sociedad Exportadora Vitivinícola SA (Evisa), controlada por Retamero y su socio el mendocino ex presidente del INV, Guillermo Daniel García. A la par de la recepción de la denuncia, Rafecas delegó formalmente el caso al fiscal Ramiro González, de la Fiscalía Federal No. 1.
Según la presentación de Fecovita -con sede en Mendoza y propietaria en San Juan de la bodega Resero-, los denunciados habrían estructurado una alianza comercial con el exclusivo propósito de defraudar a la firma y canalizar fondos de origen dudoso.
Ahora, según lo actuado por la justicia, la causa penal CFP 5435/2025 investiga al empresario español Juan José Retamero Gómez -dueño de la mina Gualcamayo en San Juan y apoderado legal de Iberte- y a su socio Guillermo Daniel García por presunto lavado de activos y balance falso.
Cuentas y movimientos de dinero en la mira
Según puedo averiguar y hacer público el diario Tiempo de San Juan, en la acusación de Fecovita se plantea la hipótesis de una maniobra de lavado de dinero, que se habría realizado mediante el ingreso de capitales al país a través del mecanismo de «contado con liquidación». Y analiza el medio sanjuanino: «Esos fondos en pesos eran imputados como supuestos aumentos de capital en las firmas locales. Posteriormente, los aumentos de capital se dejaban sin efecto para crear deudas artificiales entre empresas del mismo grupo económico, las cuales eran canceladas desde el extranjero mediante ‘nuevos fondos espurios’. El ciclo finalizaba exigiendo el cobro de estas deudas en dólares a la cotización oficial para fugar las divisas».

Tras la delegación de la causa de Rafecas al fiscal Ramiro González, éste «consideró necesario delimitar la pesquisa y requirió información de inteligencia a la Unidad de Información Financiera (UIF). Tras analizar los reportes de operaciones sospechosas (ROS), la fiscalía pidió levantar el secreto bancario y solicitó medidas de prueba clave sobre cuentas pertenecientes a la sociedad Exportadora Vitivinícola SA (Evisa)».
Los montos bajo análisis judicial en diferentes bancos del país resultan multimillonarios. Entre las operaciones aparecen transferencias por $1.027.824.187 en Banco Galicia, realizadas entre enero de 2022 y enero de 2023. También se investiga un ingreso de $198.610.000 en Banco Macro, registrado durante agosto de 2022. A esto se suman movimientos en Banco Coinag, donde se analizan créditos por $957.928.557 y débitos por $785.518.436, además de operaciones en Banco Supervielle que incluyen depósitos de cheques de terceros por $354.752.241,83 y rescates de fondos comunes de inversión por $368.435.259,45.
Asimismo, el fiscal solicitó a la flamante Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) un informe completo de las fiscalizaciones y de las operaciones de comercio exterior de la firma Evisa, controlada por los denunciados.
El contraataque de Fecovita
La pelea entre Fecovita e Iberte se comenzó a tramitar en la provincia de Mendoza en 2023, cuando los abogados de Retamero denunciaron a los integrantes del Consejo de Administración de Fecovita. El fondo de la disputa tuvo su origen a finales de 2020, momento en el cual Fecovita e Iberte sellaron un acuerdo para la exportación de vino y jugo concentrado de uva, que incluyó la conformación de la firma conjunta Evisa.
Tras sucesivas desavenencias comerciales e incumplimientos contractuales, ambas partes firmaron una rescisión formal el 13 de octubre de 2022. En dicho documento de desvinculación, Fecovita se obligó al pago de una deuda total de $3.515.622.630,20.
De acuerdo a las averiguaciones del diario Tiempo de San Juan, debido a que «ambas partes están utilizando el fuero penal como caja de resonancia de sus diferencias comerciales», la Justicia Federal de Buenos Aires ha decidido avanzar con extrema cautela. Precisa el medio sanjuanino: «En su resolución del 11 de agosto de 2026, el juez Daniel Rafecas adoptó dos medidas clave: Una es que delegó formalmente el expediente a la órbita de la Fiscalía Federal Nro. 1 lo que permite acelerar la investigación bancaria y aduanera. La otra es que decidió mantener en suspenso el pedido formulado por los abogados de Fecovita para ser aceptados en el rol de querellantes (acusadores particulares)».
Tanto el fiscal Ramiro González como el juez Rafecas coincidieron en que, dadas las «particularidades de las maniobras denunciadas» y el denso «entramado societario y contractual que vincula a los mismos», es necesario recopilar e incorporar la prueba bancaria y fiscal antes de concederle a Fecovita un rol activo en la persecución penal de su exsocio.
Mientras tanto, la defensa de Juan José Retamero Gómez ya se encuentra formalmente constituida en los tribunales porteños, a cargo de los doctores Facundo Sarrabayrouse y Tomás Dakkache, quienes ya tienen pleno acceso al sistema digital de notificaciones judiciales para examinar las pruebas en reserva. La batalla legal en el estratégico sector vitivinícola y minero sanjuanino promete sumar nuevos episodios.
Fuente: Diario El Tiempo de San Juan














