Tras el fallo judicial del magistrado Pablo Oscar Quirós, a cargo del Juzgado Federal No 2 de Mendoza, que ordena al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) mantener la obligatoriedad de confeccionar un certificado de ingreso de uva (CIU) cuando la fruta entra a la bodega para comenzar el proceso de vinificación, funcionarios de las provincias vitivinícolas y líderes de las principales agrupaciones de productores de vino expresaron su satisfacción por la medida que, según coinciden, es fundamental como herramienta comercial para los viñateros, para seguir la trazabilidad del producto, para asegurar su calidad y evitar falsificaciones.
Consultado por el Diario de Cuyo de San Juan, el ministro de Producción local, Gustavo Fernández, aseguró que la postura del gobierno de su provincia y de numerosos viñateros siempre fue «estar a favor de la desregulación, pero en contra de dos o tres puntos, como la voluntariedad del CIU, al igual que la inmensa mayoría de la cadena vitivinícola».
El funcionario de la segunda provincia productora de vino en Argentina despues de Mendoza recordó que el cambio dispuesto por el ministro de Desrregulación del país, Federico Sturzenegger, vinculado al Certificado de Ingreso de Uva (CIU), fue uno de los más cuestionados a nivel mediático y en el sector porque “es el que tiene un impacto más amplio”. Además dijo que no había un motivo claro para sacarlo porque “lo hacían las bodegas y lejos de hacer el proceso más burocrático facilitaba sobre todo a productores pequeños”.
Es que el CIU era un paso obligatorio que debían cumplir los elaboradores cuando ingresaban los camiones cargados con la fruta a sus establecimientos. Esto permitía que registraran el peso, la variedad y el destino de la uva, algo difícil para los viñateros de menor escala.
“El CIU es un documento comercial, y al eliminarlo el productor tiene que hacerse cargo de estos pasos con condiciones administrativas bastante precario y es algo que se evitaban en la práctica”, aseguró el ministro Fernández al diario sanjuanino.
Además de ese beneficio para los viñateros, el CIU obligatorio -no opcional, como lo establecía una meida de la desrregulación, ahora cancelada- juega un rol central en el conocimiento sobre la realidad del sector vitivinícola. “Que no sea obligatorio le quita transparencia al mercado, que salvo algún kilo de uva que no se registraba porque iba a pasa, tenía datos gracias a este informe al INV”.
Para Fernández, “no había un mercado más en blanco que el vitivinícola y a mayor transparencia e información compartida se favorece la competencia y la libertad de mercado sana”. Es que con estos datos el Instituto tenía estadísticas semanales del volumen de fruta y sus destinos, por lo que se podía conocer a final de la temporada cuánto iba por ejemplo a vino, teniendo así los datos sobre si hay o no sobrestock.
El CIU lo que permite es tener una base de datos con la trazabilidad y variedades, pero de ser voluntario, en la práctica sólo lo iban a usar los que producen varietales para poder acreditar estas condiciones. No era algo hiper regulatorio y no significaba una molestia”.
GUSTAVO FERNÁNDEZ, ministro de Producción de San Juan
Para los gobiernos de las provincias productoras de vino, contar con los datos del CIU también era central en sus políticas públicas. “Es una herramienta estadística el informe de estadísticas del INV y a partir de ahí, por ejemplo, estamos trabajando un análisis de reconversión, para lo que usamos los datos de cosechas, elaboración y destinos”, agregó Fernández.
Debido a que la medida es en un fuero judicial federal, también aplica a la producción de San Juan y al resto del país. Mientras se resuelve la cuestión de fondo, las bodegas y elaboradoras vuelven a estar obligadas a informar al INV cada vez que ingresa fruta al establecimiento, la variedad, el peso y el destino de la misma.
Fuente: Diario de Cuyo de San Juan, por Carolina Putelli
