Luego de que la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) presentara una medida de amparo ante el Juzgado Federal No. 2 de Mendoza en contra de la suspensión de la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uva (CIU), por considerar que esa medida lesiona los derechos del productor primario y debilita la trazabilidad del vino, el ministro de Desrregulación y Transformación del Estado de Argentina, Federico Sturzenegger (izq. foto principal, junto al gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo), comparó a esta entidad con el cuestionado presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quien en 2023 realizó una medida de amparo en busca de impedir que los clubes elijan convertirse en sociedades anónimas. En ambos casos, sostuvo el ministro, se busca impedir la “opcionalidad” introducida por las reformas.
Por Pedro Straniero, editor de Enolife
Los decretos del Ministerio de Economía que en octubre de 2026 dieron de baja 973 regulaciones y normativas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) de Argentina dispararon un conflicto entre el gobierno nacional y sectores de la industria -apoyados por gobiernos de provincias vitivinícolas- que se oponen a una de las medidas dispuestas: la cancelación de la obligatoriedad de realizar el Certificado de Ingreso de Uva (CIU) a las bodegas.
Si bien en la industria -incluso en las organizaciones más conservadoras- aceptan que la desrregulación y la desburocratización de la actividad es buena para el vino porque ahorra costos y facilita la producción, la mayoría de las entidades concuerdan en que el CIU debe serguir siendo obligatorio por constituir una herramienta fundamental para proteger la seguridad jurídica de los viñateros, la trazabilidad y transparencia del proceso productivo y la calidad del vino, así como funcionar como un reaseguro frente a posibles falsificaciones o degradaciones del producto final.
Con estos argumentos, la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) realizó recientemente una presentación judicial -un recurso de amparo- ante el Juzgado Federal de Mendoza, a cargo del juez Pablo Oscar Quirós. Esta medida -a la que todo ciudadano o entidad en Argentina tiene pleno derecho- provocó una irónica reacción del ministro Sturzenegger, quien en la red social X publicó un extenso mensaje encabezado por la frase «Asociación de Viñateros de Mendoza y el Chiqui Tapia, un solo corazón”, comparando el amparo de AVM con una presentación similar que el cuestionado titular de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) realizó en 2023 oponiéndose a la posibilidad decretada por el gobierno nacional de que los clubes tuvieran la opción de convertirse en sociedades anónimas.
«Como buenos discípulos del Chiqui Tapia -consigna el mensaje de Sturzenegger-, la Asociación se presentó en el Juzgado Federal No. 2 de Mendoza a cargo de Pablo Oscar Quirós, para pedir que vuelva a ser obligatorio el CIU. ¿Por qué un productor querría obligar a otro a una carga burocrática? Es curioso, ¿no? Porque no se le prohíbe a nadie. ¿Hacerlo obligatorio? Pero de entender esas curiosidades surge la verdad oculta de las cosas. Igual, antes de abundar en eso, vale aclarar que muchas voces se han pronunciado a favor de la desregulación y la opcionalidad del CIU. Ni hablar del INV, que es el órgano rector de la industria y que es quien ha impulsado esta medida. Estoy seguro el juez llamará a estas voces y considerará su opinión».
Vamos a pegarle al chancho para que aparezca el dueño».
FEDERICO STURZENEGGER, en su mensaje en X contra la presentación de AVM
Los dardos de Sturzenegger generaron, a su vez, críticas de los más importantes dirigentes de la vitivinicultura cooperativista, como por ejemplo de Mario H. González, presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), quien manifestó: “Lamentamos que, en el marco institucional de diálogo que mantuvimos en la última reunión realizada en el INV, el ministro no haya podido entender y comprender lo que todo el sector, más ministros de Producción y gobernadores de las provincias vitivinícolas, le explicamos, aclarando que son bienvenidas todas las desburocratizaciones, que son muy necesarias, pero que los dos puntos que funcionan bien y nos garantizan trazabilidad, genuinidad y reputación del vino argentino en el mundo deben mantenerse, y que todos, pero todos, los que vivimos de esta noble actividad le solicitamos que no era apropiado modificarlos».
Nos parece de mucha irresponsabilidad e ignorancia opinar de esta manera y con estas comparaciones. En ese sentido, por una cuestión de educación, no vamos a contestar en esos mismos términos».
MARIO H. GONZÁLEZ, presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina
Por su parte, el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, también reaccionó en la misma red social X en apoyo al reclamo de mantener el CIU y contra los dichos de Sturzenegger: «No soy habitual contestador, pero le contesté porque es una falta de respeto hacia la institucionalidad de la vitivinicultura en Mendoza. Acá no hay galpones con autos, hay una irracionalidad obtusa de una recomendación que hemos hecho», explicó ante una consulta periodística.
Me parece una tozudez libertaria. Hay algunas regulaciones que hacen a la libertad de las personas».
RODOLFO VARGAS ARIZU, ministro de Producción de Mendoza
Y consideró Vargas Arizu: «Pudiendo salir victorioso y aplaudido por toda la vitivinicultura, siendo empático con una de las normas, nos compara con lo que está pasando en la AFA. Lo considero una falta de respeto«.
La respuesta de AVM a Sturzenegger
En un comunicado inmediatamente posterior a la publicación de Sturzenegger en X, la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM), manifestó textualmente:
«Desde la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) expresamos nuestro profundo malestar y rechazo ante las declaraciones realizadas por el Sr. Ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, Federico Sturzenegger en su cuenta de la red social X, en las que compara el accionar de nuestra entidad con situaciones totalmente ajenas, vinculadas al fútbol profesional y a disputas institucionales que nada tienen que ver con la realidad productiva de la vitivinicultura y mucho menos con nuestra asociación.
«La comparación no sólo resulta desacertada, sino que banaliza una problemática seria que afecta de manera directa a miles de productores, trabajadores rurales y familias que dependen de la actividad vitivinícola. La vitivinicultura no es un espectáculo deportivo, es producción, es desarrollo económico genuino, es fuente de trabajo y es identidad cultural de nuestra querida Argentina.
«La Asociación de Viñateros de Mendoza defiende a productores primarios (viñateros) de una economía regional que sostiene a más de 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos y cuya principal preocupación hoy es la pérdida de seguridad jurídica, trazabilidad y transparencia derivadas de la Resolución 37/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Nuestra posición no responde a intereses sectoriales concentrados ni a la resistencia al cambio, como se pretende insinuar. Por el contrario, hemos manifestado reiteradamente nuestro compromiso con una vitivinicultura moderna, eficiente y competitiva. Lo que no podemos aceptar es que, bajo el argumento de reducir burocracia, se elimine la
obligatoriedad de herramientas esenciales que protegen al productor primario, eslabón más débil de la cadena, y que el 95% de la industria está de acuerdo en que así se mantenga.
«El Comprobante de Ingreso de Uva (CIU) es un trámite necesario e indispensable: es el documento que acredita la propiedad de la uva, su procedencia, variedad, añada y condición, y es la única constancia oficial (bilateral) que respalda al viñatero frente a la entrega de su producción o a la elaboración por cuenta de terceros. Pretender la voluntariedad en su emisión deja al productor desprotegido, debilitando la trazabilidad desde el viñedo y favoreciendo la falta de transparencia en las relaciones comerciales,
perjudicando en definitiva a toda la vitivinicultura.
«Es de suma importancia resaltar que todo lo antes dicho es una postura consensuada por el sector, pues la misma fue manifestada en forma personal y mediante nota formal al ministro tanto por las cámaras que representan a los actores del vino argentino como por los gobiernos de las provincias vitivinícolas. Por ello, habiendo agotado todas las instancias de diálogo en el que todo el país y la industria se lo expresara, nos vimos obligados junto a otras entidades a recurrir a la justicia, no buscando otra finalidad que proteger el fundamental derecho de propiedad de los productores primarios y el bien común de toda nuestra vitivinicultura.
«No existe una industria más libre, que aquella que elige sus propias regulaciones.»
