El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, les dio 60 días a 5 ministerios de su gobierno para tratar un paquete coordinado de leyes y medidas de aplicación para restringir el consumo excesivo de alcohol, al que considera en parte culpable de una reciente ola de violencia de género y feminicidios en su país.
El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa evaluó el consumo nocivo de alcohol como una parte esa ola de violencia, aunque subrayó que beber vino u otras bebidas alcohólicas no causa ni justifica esa actitud contra las mujeres. En sus palabras, sí actúa como un factor que agrava la violencia interpersonal. Su instrucción también pide a las autoridades provinciales y municipales que refuercen la aplicación de la normativa sobre establecimientos sin licencia para vender alcohol y sobre locales que venden fuera del horario autorizado.
La decisión llega después de dos tiroteos masivos en los barrios marginales de Wedela y Lwandle, al sur de Johannesburgo, los que causaron 28 muertos el fin de semana previo a la intervención presidencial, a fines de setiembre de 2026. Esos hechos reabrieron el debate sobre la ubicación de los puntos de venta de alcohol en zonas populosas y sobre la vigilancia de sus licencias y horarios.
La Alianza Sudafricana de Política sobre Alcohol (Saapa por sus siglas en inglés), ha señalado que la responsabilidad penal de los asesinatos corresponde a sus autores, pero ha pedido revisar cómo se autorizan, sitúan y supervisan los locales de venta de vino, cerveza y destilados en barrios populares. La misma organización reclama que las autoridades recuperen las protecciones de distancia incluidas hace diez años en el proyecto de reforma de la ley del alcohol de 2016. Aquella propuesta planteaba impedir ventas de alcohol a menos de 500 metros de escuelas, lugares de culto, instalaciones recreativas y centros de tratamiento.
A esa presión se sumó el Parlamento de Mujeres de 2026, que pidió una moratoria sobre nuevas licencias en comunidades con alta incidencia de daños ligados al alcohol. Para quienes defienden un cambio normativo, limitar la concentración de locales y los horarios de venta puede reducir la exposición en las áreas de mayor riesgo.
Los datos que maneja el Poder Ejecutivo se apoyan también en el primer Estudio Nacional sobre Violencia de Género de Sudáfrica. Esa investigación concluyó que casi una de cada cuatro mujeres había sufrido violencia física o sexual por parte de una pareja íntima y que los hombres con consumo intensivo de alcohol tenían casi el doble de probabilidades de haber ejercido ese tipo de violencia. El estudio no atribuye por sí solo la causa de las agresiones al alcohol, pero sí establece una relación estadística entre el abuso de bebidas alcohólicas y la violencia.
Ramaphosa ya había avanzado con parte de esta agenda en su discurso sobre el estado de la Nación de febrero de 2026. Entonces pidió a las provincias que limitaran la densidad de locales con licencia, redujeran los horarios de venta y pusieran fin a la comercialización de alcohol en envases de gran tamaño. También dijo que el Gobierno nacional estaba consultando la implantación de un precio mínimo por unidad o un aumento de los impuestos especiales, además de más límites a la publicidad de bebidas alcohólicas.
Sin embargo, dos semanas después, el presupuesto de 2026 elevó los impuestos especiales sobre el alcohol solo en línea con la inflación. Ese resultado fue bien recibido por Diageo, Heineken y el National Liquor Traders Council, después de meses de presión del sector para frenar aumentos más duros. La distancia entre el discurso político de febrero y la decisión fiscal posterior ha dejado dudas sobre hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno.
El debate volvió a tomar fuerza con la Cumbre Nacional sobre Alcohol organizada por Saapa entre el pasado 1 de octubre y el pasado 3 de octubre. Allí se pidió un aumento más ambicioso de los impuestos sobre estas bebidas, el fin de su publicidad y cambios en las reglas de concesión de licencias. En paralelo, la campaña Rethink Your Drink, impulsada por DG Murray Trust, reclama límites al aumento del número de puntos de venta y a los horarios en zonas de alto riesgo, además de precios más altos para el alcohol barato y normas de márketing que protejan de forma efectiva a los menores.
Lo que apruebe finalmente el Gabinete puede tener efectos más allá de la política social y de seguridad. Si el paquete incorpora cambios en licencias, horarios, publicidad o fiscalidad, el impacto potencial alcanzará a fabricantes, distribuidores, hostelería y comercio minorista de bebidas en Sudáfrica. Incluso si el Gobierno se centra solo en perseguir establecimientos sin licencia, la aplicación más estricta de la ley puede alterar la actividad de venta en barrios residenciales y elevar la presión de inspección sobre operadores formales e informales.
Saapa anunció que seguirá el proceso mediante un marco de acción y rendición de cuentas que prevé compromisos medibles sobre precios, publicidad, horarios de venta, densidad de locales y tratamiento, cada uno con un calendario y una entidad responsable.
Fuentes: Agencia EFE y Vinetur
