En declaraciones a distintos medios de Mendoza y San Juan, el presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), Fabián Ruggeri, salió al cruce de la intención del gobierno nacional de «destruir» su organización y cancelar el aporte que recibe de las bodegas, instituido por una ley nacional de 2004.
«El vino no es un commodity, es tradición, y el ministro Sturzenegger desconoce qué es la vitivinicultura y cómo se hace, si derogan la ley dañarán la economía mendocina, donde el vino genera el mayor Producto Bruto Geográfico, muy por encima del petróleo y el comercio», denunció Ruggeri.
El 5 e mayo de 2026, el gobierno argentino publicó la Resolución 55/2026 en el Boletín Oficial, que dispuso el cierre del Plan Estratégico Vitivinícola y eliminó el aporte obligatorio de las bodegas a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). Sin embargo, a mediados de junio de 2026, la Justicia Federal de Mendoza dictó una medida cautelar que suspendió la Resolución. Pese a ello, y en un nuevo embate contra esta organización vitivinícola nacional, el ministro de Desrregulación de Argentina, Federico Sturzenegger, anunció recientemente la intención del gobierno de Milei de derogar la ley de creación de la Coviar.
Frente al conflicto, el presidente de la Coviar, Fabián Ruggeri, manifestó en varios medios periodísticos de Mendoza y el país -entre ellos Enolife– que esa medida nacional es «nociva» y «destructiva» para la industria del vino.
Entre muchos conceptos de fuerte impacto, Ruggeri aseguró que el gobierno nacional buscar «eliminar» la Coviar, y que el anteproyecto presentado por Sturzenegger «permitiría mezclar vinos importados con los de producción nacional» sin necesidad de identificarlos como tales.
«Desde mayo, cuando salió la Resolución 55, intentaron dar de baja las actividades de Coviar… Entendimos que una resolución no podía dejar sin efecto una ley, presentamos un amparo y la Justicia nos otorgó una medida cautelar mientras se resuelve la cuestión de fondo», explicó Ruggeri. Y agregó al respecto: «Es de público conocimiento que hay un borrador que se presentaría en el Congreso en fecha próxima. Allí se vuelve a pedir la eliminación de Coviar y se establece un plazo de un mes para emitir un informe final y liquidar las actividades».
Según Ruggeri, las consecuencias de la derogación de la ley de creación de la Coviar y el nuevo proyecto del gobierno nacional, fogoneado por Sturzenegger, sería perjudicial para la industria vitivinícola argentina: «Todos los sobrestocks que haya en el mundo van a venir a parar acá. No vamos a poder regular nunca más el mercado; el vino no es un commodity. Podés mezclar un trigo con otro trigo y no pasa nada. Los vinos tienen identidad, tienen cultura, tienen personalidad, tienen gente atrás, tienen familias», afirmó, agregando que también se perdería la trazabilidad del producto, con impacto en la posibilidad de exportarlo, ya que ese seguimiento es requerido por los países compradores.
Ruggeri defendió el rol que cumple la Coviar desde su creación y aseguró que ha sido clave para el desarrollo del sector vitivinícola argentino: «Si se pierde la Coviar, estamos perdiendo la institucionalidad para poder alcanzar diferentes ámbitos de decisión. Hemos conseguido grandes cosas para la vitivinicultura del país a través de este organismo». Además, destacó que la entidad ejecuta un plan estratégico de largo plazo para el crecimiento de la actividad.
Otro de los fuertes cuestionamientos que hace la Coviar se enfoca en la nueva definición legal de vino que plantea el anteproyecto del gobierno nacional. Ruggeri aseguró que esa caracterización dejaría de estar vinculada exclusivamente a la fermentación del jugo de uva recién molida, para permitir la utilización de mostos para la elaboración del vino
Según el dirigente, ese cambio abriría la puerta a nuevas formas de elaboración que hoy no están permitidas: «Cambia sustancialmente todo el concepto. Se podría hacer vino con un mosto sulfitado o con un mosto concentrado rehidratado. Cambia totalmente el concepto de lo que es el vino».
Además, advirtió que la iniciativa permitiría mezclar vinos importados con producción nacional sin necesidad de identificarlos como tales, lo cual eliminaría la trazabilidad de los productos y facilitaría el ingreso de excedentes de otros países: «Todos los sobrestocks que haya en el mundo van a venir a parar acá. No vamos a poder regular nunca más el mercado».
Al mismo tiempo, según considera Ruggeri, la posibilidad de incorporar indiscriminadamente, sin control, vinos importados al mercado local, generaría un exceso permanente de oferta, con consecuencias directas sobre el precio que reciben los productores de uva.
