Actualmente, por un decreto del anterior gobierno nacional, la vitivinicultura no paga retenciones por la exportación. Apenas asumida la actual administración, se presentó un proyecto que elevaría ese porcentaje al 15%, aunque luego se lo bajó al 8%. El sector, a través de distintas voces privadas y actores públicos, salió a reclamar el 0%. Y hoy, 19/12, a través del ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, se oficializó ese pedido a la Nación mediante una carta que a continuación reproducimos. Según advirtió el funcionario local, si se concreta el 8% «habrá menos exportaciones y se acumulará un excedente vínicos ante la recesión, se producirá un proceso de contracción de ventas que derivará en acumulación de stocks y la disminución de precios pagados a productores y elaboradores, en definitiva, mayor nivel de pobreza y exclusión».
Ante los cambios en el proyecto para modificar los derechos de exportación para los sectores más sensibles de la agroindustria que dio a conocer el secretario de Agricultura de la Nación, Fernando Vilella, desde el Gobierno de Mendoza se considera que la exportación libre es la única salida para mantener la estructura productiva actual y evitar problemas de excedentes vínicos que repercutan en la rentabilidad y sostenibilidad del sector en su base primaria.
En la carta enviada por el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, al secretario Vilella, se consigna: «Es imperioso que el equipo económico del Poder Ejecutivo Nacional revea la situación y establezca una alícuota para los derechos de exportación de los productos vitivinícolas del cero por ciento. De lo contrario, subsumirá a la vitivinicultura en un proceso de contracción en sus ventas totales, que derivará en acumulación de stocks y a la disminución de precios pagados a los productores y elaboradores. En definitiva, en mayor nivel de pobreza y exclusión en las provincias productoras.
Y continúa: «Es importante destacar que las retenciones de 8% significan para el Estado nacional un ingreso de 60 millones de dólares por año. Esto significa el 0,005% del gasto público de la Administración Nacional. Es decir que, con la implementación del 8%, no se alcanzaría una recaudación significativa, por lo que el cero por ciento en la alícuota de los derechos de exportación sería la decisión correcta que se debería implementar para el sector.
«Es importante destacar, además, que las modificaciones introducidas por el Gobierno de Javier Milei en materia de tipo de cambio, tanto en lo que se refiere al valor del dólar que recibirán los exportadores como el valor que pagarán los importadores, han mejorado la competitividad del sector vitivinícola en 20% aproximadamente.
«No obstante, al ser un sector de alto valor agregado, seguramente, irá desmejorando la ganancia de competitividad en los próximos meses. Una caja de vino que se exporta no solo contiene líquido (vino), sino botellas, cápsulas, tapones, etiquetas, contraetiquetas y cartón, y se espera una evolución de la inflación en estos costos para el sector.
«En este marco, consideramos que esta ‘licuación’ de la competitividad pasa a ser un tema crucial, dado que los productos vitivinícolas no se exportan de ‘la noche a la mañana’. El proceso exportador requiere tiempo y, en la mayoría de los casos, demanda entre 2 o 3 meses, desde que se recibe el interés por parte de un importador hasta que se concretan la venta y el cobro de la operación.
«Además -concluye la carta-, debemos agregar que la vitivinicultura argentina tiene concentrado 66% de las ventas de sus productos en el mercado interno y no cabe duda de que se verán afectadas por el proceso de estanflación que augura el propio presidente Milei, ya que el vino no es un producto de máxima necesidad para nuestros compatriotas.»
