El consumo de vino subió un 2,5% en España en 2024, y las exportaciones un 12%, pero el tinto sigue acumulándose sin una salida clara. Ante ello, el tema del arranque de viñedos vuelve a estar en la agenda, tal como ha sucedido a comienzos de la década de 1990, cuando se erradicaron 130.000 hectáreas. El mismo problema se plantea en Francia, donde hay planes de eliminar entre 30.000 y 60.000 hectáreas con subsidios estatales por un total de 120 millones de euros para compensar a los productores que decidan esa medida extrema.
El sector del vino vuelve a respirar en España. El consumo repuntó un 2,5% en 2024 y alcanzó los 9,9 millones de hectolitros, según datos de la Organización Interprofesional del Vino. Paralelamente, las exportaciones crecieron un 12% en el primer semestre de 2024, especialmente en los graneles, y un 6% en valor. El sector empezó a levantar cabeza tras el golpe de la pandemia, pero nada de esto ha puesto fin a uno de los grandes males que enfrenta esta actividad: el excedente.
En España sigue sobrando vino, sobre todo tinto, y el sector agrario y las administraciones mantienen el objetivo de frenar la tendencia y lograr un ajuste entre la oferta y la demanda con una serie de medidas. Además de potenciar los mercados, se destaca por sus repercusiones económicas y medioambientales el arranque de viñedos con carácter definitivo, o con la posibilidad de replantaciones a medio plazo. Todo ello con las subvenciones públicas que plantean las organizaciones agrarias, aunque el sector está a la espera de conocer la propuesta a medio plazo sobre el vino que presentará próximamente el gobierno de la Unión Europea (UE) en Bruselas.
Y a esas medidas se suman otras ya en vigor en la parte de la producción: la limitación de los rendimientos por hectárea a los 20.000 kilos de uvas en blancos y de 18.000 en tintos con rendimientos del 74% en bodega.
En España ya se llevó cabo una acción similar a principios de los años ’90 y se arrancaron unas 130.000 hectáreas. Todo por los mismos problemas. Este tipo de medidas no se plantean solamente en España, sino también en otros grandes productores comunitarios como Francia, donde existen planes para eliminar entre 30.000 y 60.000 hectáreas con un costo de 120 millones de euros.
En los últimas tres décadas, por arranques subvencionados o simplemente por la jubilación de personas de edad avanzada, falta de relevo, sequías o escasez de rentabilidad, el sector pasó de tener más de un millón de hectáreas a las 829.00 actuales, con un elevado volumen de superficies en regadío.
Con esas capacidades, España obtiene unas producciones medias de unos 40 millones de hectolitros cada año. Hubo picos hace una década de hasta 50 millones y caídas hasta los 32,8 millones en la campaña anterior. En la última han sido 36 millones. Frente a esas cifras, la demanda interior cayó hasta menos de los 10 millones de hectolitros y las exportaciones, aunque se mantienen elevadas -especialmente por los graneles baratos- han bajado en los últimos años de 23 a 19 millones de hectolitros.
El sector del vino ha sido objeto de análisis por el Grupo de Alto Nivel sobre Política Vitivinícola de la UE, que agrupa a todo el sector en el marco comunitario, además de a la propia Comisión. Existe unanimidad en las causas del problema e, igualmente, en las posibles salidas. Una de las principales se concreta en la limitación de superficies y rendimientos para ajustar la oferta. También en el aumento de los mercados, aunque sobrevuela el miedo a una guerra comercial a gran escala tras la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca.
En la parte de la producción, sobre el terreno, se destaca la necesidad de articular ayudas financieras para los arranques por parte de cada país miembro, así como la modificación de los mecanismos sobre replantaciones o reducción de las autorizaciones sobre nuevas plantaciones.
En este contexto de desajuste entre oferta y demanda, las organizaciones agrarias españolas COAG, UPA, Asaja y Unión de Uniones reclaman, con diferentes matices, que las Administraciones pongan en marcha de planes de arranques con ayudas públicas. Se recuerda la existencia de un Plan de Intervención en el Sector Vitivinícola, con más de 200 millones de euros cada ejercicio para diferentes fines. Si bien son medidas con aplicación diferente según decisión de los consejos reguladores y de sus estrategias sobre producción.
Aunque globalmente es evidente el desajuste entre la oferta y la demanda de vino, Rafael del Rey, consultor en el sector, señala que no se puede hablar en conjunto: la situación es diferente en cada territorio y para cada uno de los tipos. Mientras sobra vino en territorios del centro y La Rioja, o salen a la luz problemas sobre la calidad de los tintos, se ha disparado la demanda de los blancos -muy especialmente los gallegos-, por lo que respuestas como los arranques deben ir acorde con cada realidad, señala el analista.
Fuente: Diario El País
