Para sorpresa de todos y beneplácito de los ambientalistas y productores agrícolas que desde el 10/12/19 venían manifestando contra la modificación de la ley 7.722, Rodolfo Suárez anunció que los cambios no serán reglamentados y que antes de cualquier decisión habrá diálogo con todos los sectores y, eventualmente, una «consulta popular vinculante».
En una sorpresiva conferencia de prensa en el 4º piso de Casa de Gobierno de Mendoza, hoy 26/12/19 al mediodía, el gobernador Rodolfo Suárez comunicó que da marcha atrás con la modificación de la ley 7.722 que regula la actividad minera en la provincia. Se suspende, entonces, la aplicación de otra nueva ley -la 9.209-, sancionada el pasado martes 10/12 que autorizaba el uso regulado de sustancias como el cianuro y el ácido sulfúrico en las explotaciones a cielo abierto para extraer oro, cobre y zinc, entre otros minerales.
“Vamos a hacer una gran convocatoria al diálogo para que la gente se informe, para que dé información genuina. ¿Por qué no se hizo antes? Participé en siete debates, lo dije en cada pueblo, la gente votó pero hay una realidad y es muy fácil inculcar miedo. Vamos a invitar a todas las entidades a que opinen. Aquí viven mis hijos, mis nietos y lo que más quiero es cuidar el agua”, aseguró.
“Durante toda la campaña electoral dijimos que íbamos a generar empleos con absoluta empatía con la gente que la está pasando. Hay mendocinos y mendocinas que no comen”, justificó el mandatario al remarcar la necesidad de habilitar proyectos mineros para “ampliar la matriz productiva de la provincia”.
“Existe la posibilidad de una consulta popular vinculante. No queremos llegar a una consulta popular. Queremos llegar en base al diálogo, dejando de lado la violencia por sobre todas las cosas. No queremos encapuchados, ni un espacio público dañado en Mendoza, ni policía herido. Hay un solo objetivo que es el crecimiento de Mendoza, de este modelo que necesita un cambio”, agregó Suárez.
En declaraciones posteriores, el ministro de Economía y Energía de Mendoza, Enrique Vaquié, admitió que la promulgación de los cambios en la norma podría haber sido apresurada y reconoció que ahora se buscará el consenso social antes de tomar nuevas decisiones.
