El juez federal Pablo Quirós, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, falló el jueves 11 de junio de 2026 a favor de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). El magistrado hizo lugar a una medida cautelar y un Recurso de Amparo presentado por la entidad y frena momentáneamente la Resolución 55 de la Secretaría de Agricultura de la Nación, ratificando la vigencia del Plan Estratégico Vitivinícola y la obligatoriedad de los aportes de las bodegas para financiarlo. El gobierno nacional tiene 5 días hábiles para oponerse a la medida. (En la foto principal, Fabián Ruggeri, presidente de la Coviar).
Por Pedro Straniero
Editor de Enolife
El conflicto entre el gobierno nacional y la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), con fuertes derivaciones e implicancias legales para la vitivinicultura del país, tuvo un nuevo capítulo el jueves 11 de junio último cuando el juez Pablo Quirós, a cargo del Juzgado Federal No. 2 de Mendoza, dictaminó a favor de la continuidad de las actividades de la Coviar, al hacer lugar a una medida cautelar y un Recurso de Amparo presentado por entidad a finales de mayo de 2026 contra la medida nacional que buscaba eliminar la obligatoriedad de los aportes económicos que hacen las bodegas.
La decisión judicial de Quirós frena momentáneamente la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura de Argentina -dependiente del Ministerio de Economía– protegiendo temporalmente el esquema de recaudación y los programas de promoción de la industria regulados por Ley 25.849.
En su fallo, el magistrado ordena al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) que intime a los establecimientos y bodegas que no estén cumpliendo con el pago de esta contribución obligatoria.
El conflicto legal se dio en el marco de una fuerte pulseada política y económica entre el sector vitivinícola tradicional y las medidas de desrregulación impulsadas a nivel nacional, que buscan eliminar este tipo de financiamientos coactivos.
El principal argumento planteado por la Coviar en su fundamentación del pedido de Amparo fue que una resolución administrativa, como la firmada por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, no puede alterar el funcionamiento de una institución cuya existencia surge de una norma con rango de ley.
Cuándo y para qué se fundó la Coviar
La Corporación Vitivinícola Argentina se fundó en febrero de 2004 a través de la Ley Nacional 25.849. Nació como un ente público-privado de derecho público no estatal para ejecutar y administrar el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI).
Por la parte privada, la Coviar está integrada por 13 Cámaras empresariales y cooperativas vitivinícolas de todo el país; y por el sector público, por representantes de gobiernos provinciales, el propio Ministerio de Economía de la Nación, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
La mencionada Resolución del gobierno no dispone formalmente la disolución de la Coviar, pero afecta fuertemente su funcionamiento y las acciones tendientes a llevar adelante el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), ya que busca eliminar la fuente de financiamiento, es decir los aportes que hacen los establecimientos elaboradores de vino, jugo concentrado de uva y mosto, así como los exportadores de pasas.
Consultadas al respecto fuentes de la Coviar, sólo expresaron que no emitirán un comunicado con respecto al dictamen del juez Quirós hasta que la medida esté firme, ya que la otra parte tiene 5 días hábiles para oponerse, y que «la justicia está avalando la continuidad del PEVI como establece la ley 25.849 y ordena al INV seguir trabajando como siempre se hizo».
