Tras la multa de $120.000.000 aplicada por el Departamento General de Irrigación (DGI) a la empresa estatal Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam), por contaminar aguas de riego con efluentes cloacales, la Justicia de la principal provincia productora de vino de Argentina imputó a tres directivos por «daño agravado por ser ejecutado sobre un bien de uso público en concurso real con contaminación del agua de un modo peligroso para la salud». Las aguas afectadas llegaron a viñedos y cultivos de frutas y hortalizas en la zona de Los Corralitos, Guaymallén, Mendoza.
En el primer capítulo de un caso que sienta precedentes, Irrigación -el ente público autónomo y descentralizado que administra, distribuye y controla toda el agua de los ríos y cauces de riego en la provincia de Mendoza- sancionó el 11 de mayo de 2026 con una multa de $120 millones a otra empresa estatal, Aysam, la encargada de potabilizar y distribuir esas aguas a unos 700.000 hogares mendocinos.
En los argumentos para esa fuerte sanción, Irrigación sostuvo que operarios de Aysam habían roto la pared del cauce Rama 12, perteneciente al Canal Vertientes Corralitos, provocando que líquidos cloacales sin tratamientos fueran derivados a un cauce de riego ubicado en la intersección de las calles Severo del Castillo y 2 de Mayo, un punto crítico del sistema cloacal metropolitano. Eso habría ocurrido a principios de este año 2026, a raíz del colapso de un antiguo colector cloacal en esa populosa zona de Guaymallén. (Ver nota anterior en Enolife sobre el tema).
Según la Resolución de Irrigación, durante inspecciones realizadas en marzo y mayo de 2026 se verificó “la presencia de efluente cloacal crudo, con impacto directo sobre el cauce”, además de la continuidad del desborde y la falta de medidas eficaces de mitigación. Irrigación calificó las acciones de los operarios de Aysam como de “gravedad excepcional”. Entre los agravantes enumerados aparecían: el vuelco sin autorización oficial, la rotura deliberada de un canal impermeabilizado, la ausencia de un plan de contingencia adecuado y la imposibilidad de gestión preventiva.
En el segundo capítulo de esta situación -que no será el último, sin duda- la Justicia de Mendoza actuó de oficio y, mediante una instrucción del fiscal Gabriel Blanco, imputó al presidente de Aysam, Humberto Mingorance, como presunto máximo responsable por la contaminación en Los Corralitos, Guaymallén, y también al gerente general Darío Hernández y al gerente de Operaciones, Carlos Sifuente.
Según especificaron las fuentes judiciales, los delitos que les imputan a Mingorance, Hernández y Sifuentes son «daño agravado por ser ejecutado sobre un bien de uso público en concurso real con contaminación del agua de un modo peligroso para la salud«, en base a los artículos 55; 184 inciso 5°; y 55 y 57 de la ley nacional 24.051, la cual que regula la manipulación de los residuos peligrosos.
Las aguas bajan turbias
Recapitulando, el sistema cloacal operado por la Aysam colapsó a principios de 2026, provocando derrames que contaminaron principalmente el Canal Vertientes Corralitos (específicamente el tramo del Rama 12) y el Canal Pescara.
Las aguas contaminadas con efluentes cloacales crudos se derivaron a un cauce de riego en la intersección de las calles Severo del Castillo y 2 de Mayo. Estas aguas fluyeron hacia las redes de distribución del cinturón verde, ingresando por gravedad a los canales secundarios que abastecen a fincas de la zona productiva de Corralitos, llegando a cultivos de hoja como lechuga y acelga, y también a algunos viñedos. Las descargas alcanzaron caudales estimados en hasta 50 litros por segundo y llegarón a cientos de hectáreas regadas en el área.
Debido a que el agua contaminada transitó por la red de distribución hídrica, afectó de manera generalizada a las propiedades agrícolas ubicadas aguas abajo de las roturas del colector.
