Cuatro de las entidades más representativas de la vitivinicultura de Argentina presentaron el 1/12/2025 un recurso de amparo ante la Justicia Federal de Mendoza para que no entre en vigencia una de las medidas más resistidas de la desregulación dispuesta por el gobierno nacional y el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Piden que continúe siendo obligatoria la realización y presentación del denominado Certificado de Ingreso de Uva (CIU) a las bodegas, una herramienta que, según existe consenso entre los viñateros, permite garantizar el título de propiedad de la fruta, otorgarle seguridad jurídica y transparencia a toda la cadena y mantener la trazabilidad sobre el vino. Además, sostienen, sin el CIU obligatorio se perdería la muy valorada Identidad Geográfica (IG) del producto, que otorga valor agregado al vino a la hora de exportar.
Hoy 2/12/25 se conoció que representantes legales de la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM), de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas de Argentina (Acovi), de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA) y de la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (Carpa) presentaron un Recurso de Amparo pidiendo a la Justicia Federal de Mendoza (el trámite recaerá en el Juzgado Federal No. 2, por sorteo) que suspenda la aplicación de una de las normativas más resistidas de las dispuestas por el gobierno nacional a través de un decreto de los ministerios de Desregulación y de Economía de la Nación, en cuya órbita está el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Se trata de la derogación de la norma que establecía la obligatoriedad de presentar el Certificado de Ingreso de Uva (CIU) a las bodegas durante la vendimia, una herramienta que -según sostiene la presentación y coinciden la mayoría de los actores de la industria- históricamente permitía seguir la trazabilidad del producto de la uva al vino, así como asegurar su legitimidad y evitar falsificaciones.
Según explicaron las entidades en un comunicado a través de la red X y luego ampliaron a través de sus representantes, «frente a los reiterados pedidos realizados a las autoridades del Ministerio de Desregulación para reincorporar el CIU y su obligatoriedad, y ante la falta de respuestas, Acovi, la Unión Vitivinícola Argentina, la Asociación de Viñateros de Mendoza y la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios presentamos una acción de amparo para garantizar el título de propiedad del productor vitivinícola y la trazabilidad del producto. Coincidimos con políticas desregulación y simplificación de los organismos del Estado. Pero entendemos la importancia de mantener herramientas exitosa como el CIU que no generan burocracia ni mayor costo, garantizando seguridad jurídica y transparencia de toda la cadena vitivinícola».
La acción de amparo fue presentada dentro de los plazos legales, que establecen 15 días hábiles luego de la comunicación de las medidas por parte del gobierno nacional. Y tiene por objeto impedir que el 1 de enero de 2026 entren en vigencia algunos de los cambios establecidos y que sigan firmes algunas de las 973 normas del INV derogadas.
En los fundamentos de la presentación a la Justicia Federal, el colectivo de entidades vitivinícolas fundamenta: «La Declaración Jurada de Ingreso de Uva (CIU) ha sido, durante décadas, la piedra angular del odenamiento de la producción primaria. Es la única constancia fehaciente que certifica con reconocimiento bilateral el ingreso real de la uva al lagar, detallando peso, variedad y condiciones de entrega. Su obligatoriedad ha garantizado transparencia, previsibilidad y seguridad jurídica, especialmente para los productores que elaboran bajo el régimen de maquila, quienes dependen de este instrumento para acreditar la propiedad efectiva de su materia prima».
Matías Manzanares, abogado, productor y dirigente de la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM), consultado por Enolife, manifestó al respecto: «Es una pena, una lástima, tener que haber llegado a esta instancia, porque nos parece un absurdo y un capricho del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, al que le manifestamos reiteradamente -las entidades y los ministros de Producción de ocho provincias vitivinícolas- la necesidad de que siga vigente el CIU obligatorio».
Y agregó el dirigente: «Puntualmente los viñateros vemos que nos afecta fundamentalmente en dos cosas: una, la trazabilidad, porque se va a perder el control de cuántos kilos hay de uva, cuánto se cosechó…; y segundo porque el CIU era el instrumento que le daba seguridad jurídica al productor de que había entregado la uva, era un instrumento bilateral para la bodega y el productor, y en el caso de la elaboración a tercero, te mantenía esos vinos separados de la propiedad del bodeguero… En el caso de concurso o quiebra del bodeguero, el productor puede separa el vino suyo, o en el caso de que el bodeguero quisiera venderlo, no podría hacerlo sin la conformidad y la factura del productor. Y también es un contrato que le da seguridad al viñatero de poder cobrar la uva después».
Planteos reiterados
La presentación ante la Justicia Federal se produce luego de que representantes de las mayores entidades de viñateros y productores, e incluso ministros del área de las más importantes provincias vitivinícolas argentinas le plantearan al ministro de Desdregulación de la Nación, Federico Sturzenegger, en su visita a Mendoza, que estaban de acuerdo con la eliminación del exceso de controles y trámites, pero que era fundamental mantener la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uvas para asegurar la trazabilidad.
Pese a que hubo un amplio consenso en el sector sobre este tema, Sturzenegger en esa ocasión manifestó: “Nosotros pensamos que uno tiene que partir de la base de que hay que regular para el productor honesto. No hay que regular pensando que los productores no son honestos, porque el 99,9% de la gente que está en esta industria quiere que sea exitosa”. Y reafirmó que el gobierno nacional entiende que el CIU debe ser opcional.
