El superintendente del Departamento General de Irrigación (DGI) de Mendoza hizo pública una nota de opinión el 29/7/25 explicando cómo y por qué la repartición que dirige tiene el mandato constitucional y la capacidad técnica para la toma decisiones que involucran la gestión integral del recurso hídrico de dominio provincial con enfoque preventivo. Esta argumentación se produce luego de que, en junio de 2025, la senadora nacional por la provincia de Mendoza por Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, notificara que su agrupación política avanzaría con un pedido de proceso de Jury de Enjuiciamiento contra Marinelli, por la habilitación de nueve pozos de agua que, según denunció la legisladora, incurre en “graves irregularidades” en la gestión del recurso hídrico.
En las últimas semanas, hemos asistido a un intento deliberado y preocupante de arrastrar la gestión del recurso más vital de Mendoza, nuestra agua, a la arena de la politiquería de corto plazo. Con una liviandad que asusta, figuras de la oposición han salido a opinar sobre decisiones técnicas complejas, armadas con eslóganes en lugar de datos, buscando generar confusión donde debería haber claridad, y sospechas donde solo hay gestión técnica para la seguridad hídrica.
Es fácil pararse frente a un micrófono y lanzar acusaciones sobre cómo debería administrarse el agua, a quien conceder o no el acceso al recurso, donde autorizar vertidos o que usos priorizar. Lo difícil, lo que requiere rigor y verdadera responsabilidad es gestionar un sistema hídrico en medio de un crecimiento poblacional desordenado, sequías prolongadas, infraestructura de servicios con problemas por falta de inversión, cambios en la matriz productiva y en los usos del suelo y demás efectos del cambio climático ya instalados. Y eso no se hace con opiniones livianas, se hace con evidencia.
Quizás no todos los mendocinos sepan, pero cada decisión que se toma en el Departamento General de Irrigación (DGI) es el resultado de un proceso de análisis profundo. Detrás de cada resolución hay un equipo de profesionales, una red de monitoreo en tiempo real que mide el pulso de nuestros acuíferos, hay fiscalización que nos dice con precisión qué se riega y cómo, hay modelos de datos científicos que simulan el impacto de cada nueva perforación y hay un control ambiental permanente para proteger la calidad del recurso. No lo digo por politiquería, sólo basta con informarse un poco para corroborar que contamos con una política de vanguardia para la gestión del agua de los mendocinos.
El DGI, a mi cargo, es una institución que tiene el mandato constitucional y la capacidad técnica para la toma decisiones que involucran la gestión integral del recurso hídrico de dominio provincial con enfoque preventivo. Hace tiempo que ya no corremos en busca de un decreto que declare la emergencia hídrica que fijaba acciones de papel, sino que actuamos con acciones concretas para prevenir los impactos del riesgo de la sequía, además de controlar las actividades que puedan afectar la calidad del agua para preservarla y velar por el uso eficiente para que el desarrollo provincial, de esta generación y de las futuras, sea verdaderamente sostenible.
La gestión diaria del agua está sujeta a contingencias de la naturaleza, así como también a los impactos de las actividades económicas y sociales de una población en constante crecimiento, lo que nos ha llevado a implementar, en cuencas donde prácticamente los usos tradicionales están dando paso a desarrollos inmobiliarios que hacen un uso recreativo del agua, nuevas líneas de acción vinculadas al uso urbano del recurso.
Entender el ciclo integral del agua nos ha impulsado a profundizar los estudios de los acuíferos y su constante dinámica para una gestión integrada del agua superficial y subterránea con aplicación de innovación y tecnologías de medición que permitan asegurar, tanto en cantidad como en calidad, un acceso sostenible y equitativo al agua.
Para atender todas las contingencias que se presentan y al mismo tiempo, delinear el futuro del agua en la provincia hace falta, además, una planificación hídrica a nivel provincial y una particular que atiendan las singularidades de cada cuenca, lo que también estamos haciendo, a la par de armonizar y sistematizar la vasta y dispersa legislación en la materia.
En tiempos de elecciones como los que corren, aparecen algunos cuestionadores que hoy se preocupan, aunque no lo hicieron en otras épocas cuando gobernaba su partido, por permisos de perforar o vuelcos de efluentes cloacales. Quizás han perdido la memoria. Pero esto no es casual, estoy convencido que el fin que persiguen, invocando vanamente la defensa del agua y el ambiente, es tratar de confundir a la comunidad para que se crea que existe en las instituciones un deficiente control y cuidado del ambiente, y con ello evitar que la minería tenga licencia social en Mendoza, fin que algunos persiguen desde hace tiempo, por oportunismo político y ni siquiera por convicciones.
La política del ruido es fácil, pero sus consecuencias son trágicas. Nosotros elegimos el camino difícil: el de la gestión, la planificación, el estudio profundo y el de la responsabilidad técnica. Porque nuestro compromiso no es con el próximo titular de algún diario, sino con garantizar que Mendoza tenga un futuro. Y el futuro, como el agua, no se gestiona con gritos, se gestiona con ciencia, profesionalismo y ética.
