Durante la pandemia de covid, con el cierre de hoteles y restaurantes durante largos meses, comenzó a acumularse stock de vino en las bodegas de España y Francia. A ello se le han sumado cambios en los hábitos de consumo, con mayor preferencia por los vinos jóvenes en detrimento de los de crianza y reserva. Francia va a gastar 170 millones de euros en levantar 39.500 hectáreas, pagando en promedio a cada productor 6.000 euros por hectárea arrancada. En España, aunque el gobierno ha dicho que descarta por ahora una medida similar, en terroirs como la denominación de Origen Calificada (DOC) Rioja, desde 2017 cada año se elaboran 30 millones de litros más de lo que se venden. Y en 2023 el costo de producción para los viticultores de cada kilo de uva llegó a 0,82 euros, frente a un precio promedio de venta de 0,70 euros.
Por Aurelio Medel Vicente, periodista y Doctor en Ciencias de la Información, para Diario El País de España.
El sector vitivinícola global no levanta cabeza desde la pandemia. El cierre de la restauración y el ocio durante meses provocó un incremento de stocks de vino, que se esperaba digerir en años sucesivos, pero la realidad es que la situación se ha agravado. El consumidor salió del confinamiento con un cambio en los gustos, que ha supuesto una caída de los vinos tintos de crianza y reserva, en favor de productos más frescos y fáciles de beber. El epítome de este cambio en Europa es la moda del “blanco París”, nombre cursi del vino blanco con hielo; una herejía para los bebedores ortodoxos.
Es un drama mundial, que cada cual está afrontando de manera diferente. Llama la atención la contundencia de las medidas tomadas en la denominación y en el país con más cultura del vino, Francia. Burdeos aprobó en marzo de 2023 el arranque de 9.500 hectáreas, casi un 10% de las 108.000 con que contaba, lo que va a suponer un costo para las arcas públicas de 57 millones (6.000 euros por hectárea retirada de producción). A este plan se suma el lanzado hace un mes por el Gobierno de Francia para arrancar definitivamente 30.000 hectáreas de viñedo, para lo cual va a pagar 4.000 euros por hectárea al agricultor, con un costo total de 120 millones.
En España el debate sobre el excedente de vino está abierto en canal. El sector lo defiende, si hay ayudas, claro, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación lo descarta, al menos por ahora. No hace ni un mes que las organizaciones agrarias más representativa (Asaja, COAG y UPA), mandaron al Gobierno y a la Unión Europea (UE) una serie de propuestas para “salvaguardar el futuro de los viticultores españoles”, entre las que destaca la prohibición de nuevas plantaciones en toda la UE en los próximos tres años, y ayudas para el arranque de viñedos.
La crisis que vive la Denominación de Origen Calificada (DOC) Rioja, la española con mayor prestigio internacional, es muy ilustrativa. Sus viñedos, que se extienden más allá de la comunidad de La Rioja y alcanzan Álava y Navarra, han multiplicado su extensión por dos en 40 años, pasando de 38.800 hectáreas en 1985 a las 67.000 actuales, de las que el 90% son de tinto y el 10% de blanco. La producción media de los últimos años ronda una media de 280 millones de litros, con unas ventas de 235 millones de litros, de manera que cada año se va acumulando stock en las bodegas. En los últimos 20 años, sólo en 5 hubo más ventas que producción; el último fue 2017, cuando se alcanzó el máximo, de 284,2 millones de litros. A partir de entonces, cada año se producen una media de unos 30 millones de litros más de los que se venden, y no parece que se guarde tanto vino para crianzas y reservas, precisamente los que van peor en el mercado.
El 80% de la producción del vino de Rioja lo concentran unas 40 bodegas, mientras que el 20% restante es de pequeños productores, buena parte de ellos agrupados en la Asociación de Bodegas Familiares, que el año pasado decidieron abandonar los órganos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, a la que acusan de defender los intereses de las grandes bodegas.
Detrás de este desacuerdo, está el grave problema que vive el sector y que ha llevado a esta asociación a proponer, siguiendo el precedente de Burdeos, el arranque de 6.700 hectáreas de viñedo de la DOC Rioja, el equivalente al 10%, para lo que piden ayudas de 10.000 euros por hectárea.
No tiene sentido que en los dos últimos años se hayan destinado 80 millones de dinero público a la vendimia en verde (cortar y tirar los racimos antes de que maduren) y a transformar vino en alcohol. Estamos ante un problema estructural y global, con lo que la solución pasa por arrancar viñedos”.
Juan Carlos Sancha, vicepresidente de la asociación de productores de La Rioja, España, y propietario de la bodega homónima, con viñedos centenarios plantados por su bisabuelo.
Sancha, ingeniero agrícola y doctor en Viticultura y Enología, propone que el levantamiento de cepas se ajuste a criterios de calidad, de manera que se preserve el viñedo viejo y se arranquen los plantados en los últimos 40 años, que suman 28.000 hectáreas. En las vendimias más recientes, se han podido ver muchas parcelas con la uva seca en la cepa, con el agravante de que en ocasiones se han dejado sin recoger las cepas en vaso, las mejores, ya que, a diferencia de las cultivadas en espaldera, no se puede mecanizar su cosecha. El resultado es llevar al mercado la peor uva porque resulta más eficiente, lo que contribuye a deteriorar la marca.
En España piden subvención para levantar 100.000 ha
El abandono de la uva en la viña es la consecuencia del exceso de producción, que hace que se superen los cupos, y de que la caída de las ventas haya hundido el precio que pagan las bodegas a los agricultores por la uva. El Gobierno de La Rioja estima que el costo de producir un kilo de uva ha sido este año de unos 0,82 euros, frente a un precio medio de venta de 0,7 euros. Por tanto, el viticultor pierde más de 10 centavos de euro por kilo.
Esto, que con matices pasa en los tintos de todas las denominaciones, explica que la organización agraria COAG haya dicho esta misma semana al Gobierno que, si no se toman medidas, los agricultores se verán obligados a abandonar el 10% de los viñedos, lo que equivale a 95.000 hectáreas. Curiosamente, la cifra casi coincide con la que sus colegas franceses han pedido que se arranquen, ya que piden que su Ejecutivo incremente la subvención del levantamiento de hasta 100.000 hectáreas.
El problema del exceso de vino tinto no afecta a todos por igual. Los viticultores son la parte más débil, ya que la uva es perecedera y la tienen que vender, aunque pierdan. Esto es consecuencia de que los bodegueros venden menos, pero el dilema para ellos es más gestionable, ya que el vino sí se puede almacenar, aunque no todo, ni todo el tiempo. Quizá por eso los grandes bodegueros, que son compradores de uva, no ven bien el arranque de viñas. Cada uno tiene su afán.
Fuente: Diario El País de España, por Aurelio Medel Vicente
