La guerra entre la potencia liderada por Putin y Ucrania también se libra en el territorio vitivinícola: un diputado del país ocupado denunció que Rusia presentó vinos de la región de Crimea -invadida militarmente por el ejército ruso desde febrero de 2014- al Concours Mondial de Bruxelles, con los que ganó medallas. El legislador solicitó vía diplomática retirar las medallas e investigar si la Unión Europea inclumplió sanciones económicas dispuestas contra Rusia desde aquella invasión.
Un diputado ucraniano pidió a la Unión Europea (UE) investigaciones parlamentarias y diplomáticas por la presencia de vinos rusos, incluidos vinos procedentes de Crimea ocupada, en el Concours Mondial de Bruxelles 2026, celebrado en Ereván, Armenia, entre el 21 y el 23 de mayo de 2026.
La iniciativa abre un frente político sobre el origen de las muestras, los controles aplicados y el posible incumplimiento de las sanciones europeas que se aplican a Rusia desde que el país de Putin invadió Ucrania.
El parlamentario Igor Fris, miembro de la Rada Suprema (Parlamento) por el partido Servidor del Pueblo, remitió solicitudes formales de investigación a los ministerios ucranianos de Exteriores, Economía y Agricultura, además del Servicio de Seguridad de Ucrania. También reclamó informaciones y averiguaciones a Bélgica y Armenia por el papel de ambos países en la organización del concurso de vinos y la admisión de las muestras.
La polémica se centra en que el concurso aceptó y premió vinos vinculados a la Federación Rusa y a territorios ucranianos ocupados. En la web oficial del certamen figuraba “Crimée – Crimea” como entrada autónoma, sin aparecer como parte de Ucrania ni, al menos formalmente, como territorio de la Federación Rusa. Fris sostiene que esa clasificación debe revisarse y que Crimea debe constar como territorio ucraniano temporalmente ocupado.
Según los datos difundidos por medios rusos y citados en la información conocida en Ucrania, 125 muestras vinculadas a Rusia y a territorios ucranianos ocupados lograron 42 medallas: 7 Gran Oro, 18 Oro y 17 Plata. Entre las bodegas incluidas en la categoría “Crimée – Crimea” figuraban Massandra, Alma Valley, Aranchi, Chateau Ay-Daniel y Valery Zaharin. Algunas etiquetas recibieron Gran Oro.
Fris pidió al Concours Mondial de Bruxelles y a Vinopres, la empresa belga de la familia Baudouin que organiza el certamen, que suspendan las medallas concedidas a esos vinos hasta que terminen las comprobaciones. Si aparecen datos falsos, documentos emitidos por autoridades de ocupación, incumplimientos del reglamento o vulneraciones de restricciones internacionales, reclama que los premios sean anulados.
Entre las cuestiones que Ucrania quiere aclarar están quién inscribió los vinos, qué empresas los produjeron y exportaron, qué intermediarios participaron y quién abonó las cuotas de inscripción. También solicita revisar los documentos usados para certificar el país de origen, la ruta seguida por las muestras, los lugares de recepción y almacenamiento y los procedimientos aplicados para comprobar productores, solicitantes y titulares reales desde el punto de vista de las sanciones.
Otra petición afecta a la cronología de cambios en la base oficial de resultados del concurso. El diputado quiere saber si las referencias al país, la región y el origen fueron modificadas durante o después de la publicación de los resultados.
La controversia también alcanza a la composición del jurado. Profesionales ucranianos presentes en Armenia sostienen que no fueron informados previamente de la admisión de vinos rusos ni de muestras procedentes de Crimea ocupada. Esas fuentes añaden que los vinos cuestionados no fueron asignados a sus paneles y que su participación solo se conoció tras publicarse los resultados.
El caso tiene además una dimensión europea. Fris ha solicitado a la Embajada de Ucrania en Bélgica que pida la intervención de las autoridades locales para verificar si Vinopres recibió pagos, documentos o productos procedentes de empresas activas en Crimea ocupada. También reclama comprobar si las muestras entraron en el territorio aduanero de la Unión Europea y si se respetó el Reglamento 692/2014, que limita las importaciones originarias de Crimea y Sebastopol.
En Armenia, Ucrania quiere saber quién importó las muestras, qué documentación se presentó en aduana y qué país de origen fue declarado. El diputado también pide aclarar el papel de entidades públicas y privadas armenias en la gestión del concurso. La edición celebrada en Ereván contó con 1,6 millones de euros de financiación pública armenia.
El Ministerio ucraniano de Economía deberá estudiar además el uso de indicaciones geográficas protegidas y otras menciones geográficas para vinos elaborados en Crimea ocupada. La intención es preparar una posición jurídica ante instituciones europeas sobre el uso de esas referencias por empresas que operan bajo administración rusa.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura deberá fijar una posición oficial sobre la participación de empresas radicadas en territorios ocupados en concursos, ferias, exposiciones y catas internacionales. Entre las medidas planteadas figura elaborar una lista de compañías, marcas y etiquetas activas en Crimea ocupada para remitirla a concursos, importadores, distribuidores y cadenas minoristas.
El Servicio de Seguridad de Ucrania tendrá que revisar productores, exportadores, intermediarios y beneficiarios finales relacionados con los vinos premiados. La investigación deberá comprobar posibles sanciones impuestas por Ucrania, la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido o Canadá, así como eventuales vínculos con autoridades de ocupación o con empresas estatales rusas.
Complicaciones por la guerra del vino
La repercusión puede ir más allá del plano político. Si estas pesquisas avanzan, el sector del vino podría verse sometido a controles más estrictos sobre trazabilidad, documentación aduanera y cumplimiento del régimen sancionador en operaciones ligadas a Crimea o Rusia. Eso afectaría tanto a concursos internacionales como a importadores y distribuidores que trabajen con productos cuyo origen requiera una verificación adicional.
No es la primera vez que el Concours Mondial de Bruxelles aparece ligado a controversias institucionales. En Italia ya hubo un precedente administrativo por fondos públicos destinados al certamen en Calabria. En 2023, durante el pago de una factura de 19.500 euros por el transporte de jueces de la sesión Rosados 2022 en Rende, el organismo de control fiscal Arsac comprobó una deuda por impuestos del proveedor SAP Srl Servizi Automobilistici Pizzo. La agencia regional abonó entonces 12.255,17 euros directamente a la Agencia Tributaria-Recaudación italiana, 5.472,10 euros a la empresa y 1.772,73 euros en IVA.
Aquel episodio no derivó en reproches contra Vinopres ni contra el concurso, pero sí dejó constancia del uso de fondos públicos ligados a su logística. Solo la edición calabresa de 2022 supuso más de 300.000 euros en recursos públicos y el conjunto de ediciones celebradas en Italia superó 1 millón de euros.
Fuente: https://www.winemag.it/
