En medio del conflicto de representación y las acusaciones cruzadas entre los dirigentes de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), por un lado, y los productores de Bodegas de Argentina junto al Centro de Viñateros y Bodegueros del Este y entidades vitivinícolas de varias provincias, por otro lado, los diputados provinciales mendocinos Hebe Casado y Gustavo Cairo, ambos del PRO, presentaron en la Legislatura provincial un «proyecto de declaración» que solicita modificar la ley 25.849 en cuanto a la obligatoriedad del aporte económico de las bodegas a la entidad público-privada que pilotea el PEVI 2020.
Por Pedro Straniero
Se veía venir. La reciente renuncia de Bodegas de Argentina, el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este y otras entidades vitivinícolas de varias provincias productoras al directorio de la Coviar, hacía presagiar que, de parte del sector disidente, habría algún tipo de acción «legal» encaminada a solicitar la eliminación de la obligatoriedad del aporte económico de las bodegas a la Coviar, ya que este punto es uno de los centrales del conflicto. Y hace unos días, dos legisladores provinciales del PRO, Hebe Casado y Gustavo Cairo, claramente alineados a la causa de los renunciantes, presentaron un «proyecto de declaración» para que, de ser aprobado, la Cámara de Diputados de Mendoza «vea con agrado que el Congreso de la Nación modifique la Ley Nacional 25.849 a fin de que se elimine la obligatoriedad de la contribución que realizan las empresas vitivinícolas a la Corporación Vitivinícola Argentina«.
Esta propuesta de los representantes del pueblo Casado y Cairo, no tiene, obviamente, la fuerza ni la formulación legal de un proyecto de ley, ya que sólo aspira a despertar simpatía entre sus pares mendocinos por la causa que ambos ya asumieron. Pero evidencia cómo viene la mano y marca una tendencia sobre probables acciones futuras.
A continuación, transcribimos el texto del «Proyecto de Declaración» de los diputados Casado y Cairo:
“Ponemos a consideración de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza el siguiente proyecto de Declaración, a fin de expresar que se vería con agrado que se derogue la obligatoriedad de la contribución económica por parte de las empresas vitivinícolas hacia la Coviar”.
«La industria vitivinícola atraviesa un momento complejo. Durante los últimos quince años, el consumo de vinos en Argentina se derrumbó de 34 a 19 litros per cápita; cada punto de ese volumen perdido equivale hoy a cuarenta millones de litros de vino que se traduce en 4.600 hectáreas de viñedos que no tienen colocación en el mercado. Una crisis que arrastra a bodegas pymes fraccionadoras, elaboradoras y productores primarios. Ese consumo se da precisamente en el período del Plan Estratégico, desde el año 2003 hasta hoy. Un Plan Estratégico cuya responsabilidad de llevar adelante corresponde a la Coviar.
La Coviar es un organismo público-privado que debe gestionar y articular las acciones necesarias para cumplir con los objetivos del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI). Es una entidad con jurisdicción nacional, encargada de administrar los recursos que, mediante la contribución establecida en la Ley 25.849, las empresas vitivinícolas financian las acciones necesarias para concretar los objetivos fijados en el PEVI 2020.
Está conformada por diversas entidades vitivinícolas de las cuales su mayoría considera que las acciones y los manejos de los últimos años deben cambiar si se aspira a que la corporación siga en funcionamiento de cara a un PEVI 2030. Una de las cuestiones a modificar son los elevados montos que se abonan en concepto de fraccionamiento y elaboración, cuyo destino va a la caja de la Corporación y están destinado a diversas acciones, cuya finalidad es la apertura de nuevos mercados y el desarrollo de la industria. Finalidades que, se expresa desde diversos sectores, no han sido cumplimentadas.
Otro capítulo aparte es la exigencia en el cumplimiento de la contribución. En este sentido, en caso de incumplimiento el INV paraliza a los establecimientos hasta que se regularice la situación. Esto va más allá de lo coyuntural de la situación del sector vitivinícola, los fondos se podrían aprovechar de una manera más eficiente y dinámica.
Existe un histórico descontento por parte de los principales actores económicos de la vitivinicultura. Las empresas vitivinícolas, en su mayoría, plantean la ineficiencia de las políticas públicas llevadas adelante para fomentar la inserción de sus productos en el mercado.
Por lo tanto, en resumen, la Coviar es un organismo que fue creado con el fin de potenciar al sector privado vitivinícola, y que a su vez es financiado por éste. Si existe un reclamo generalizado de que el organismo no está cumpliendo su función, se considera al menos innecesaria la imposición de un canon para el mantenimiento del mismo.
Si el sector más representativo de la vitivinicultura no quiere que la Coviar desarrolle su política de desarrollo y crecimiento, no existe necesidad y es en gran medida injusto que se le imponga la contribución económica.
Por lo expuesto ponemos a consideración el siguiente proyecto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, DECLARA:
Art. 1º) Que vería con agrado que el Congreso de la Nación modifique la Ley Nacional 25.849 a fin de que se elimine la obligatoriedad de la contribución que realizan las empresas vitivinícolas a la Corporación Vitivinícola Argentina.
Art. 2º) De forma.«
Los fundamentos de la renuncia de Bodegas y los Viñateros del Este a la Coviar
El comunicado emitido por Bodegas de Argentina y sus socios el 15 de febrero pasado, anunciando su desprendimiento de la Coviar dice, entre otras cosas:
«A este proyecto de hacer de la Coviar una cámara de cámaras, que además le cuesta millones a todos los que aportamos la contribución obligatoria que pagamos por ley, se agrega la falta de apertura para permitir que sean las bodegas quienes lideren el programa de promoción del vino en el mercado interno, siendo desestimadas reiteradamente sus opiniones respecto al diseño de las campañas publicitarias o la contratación de proveedores».
Las entidades firmantes fueron: «Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, Bodegas de Argentina. Demás provincias productoras. Sector privado. Neuquén».
La respuesta de la Coviar, hecha pública el 18 de febrero, expresa:
«Objetan el destino y el manejo de los recursos, desconociendo que fueron las propias autoridades de Bodegas de Argentina las que hasta mediados de 2019, con su firma, avalaron cada uno de los presupuestos y partidas de gastos asignadas». En este sentido, contrariamente a lo manifestado por la actual conducción de Bodegas de Argentina sobre la supuesta malversación de recursos, dejamos en claro que el presupuesto de Coviar asigna un 30% de la totalidad de los recursos por contribución obligatoria a la Promoción Externa, un 30% a la Promoción en el Mercado Interno, un 15% a la sustentabilidad de los productores y sólo un 3% a costos de administración».
En el caso de la Coviar, las firmas corresponden a entidades privadas, productores y bodegas: Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (ACOVI), Asociación de Viñateros de Mendoza, Cámara Vitivinícola de San Juan, Cámara de Productores Vitícolas de San Juan, Federación de Cámaras Vitícolas de la República Argentina, Unión Vitivinícola Argentina (UVA), Consorcio de Productores y Bodegas de Catamarca.
