En diciembre pasado, con la aplicación de feromonas desde aviones sobre los viñedos mendocinos y sanjuaninos, concluyó la última campaña contra el dañino insecto lobesia botrana, más conocido como polilla de la vid. Según la ley argentina 27.277, promulgada el 22 de diciembre de 2015, que estableció la asistencia estatal para combatir la plaga, «los productores vitivinícolas serán beneficiarios de esta ley durante los primeros 4 años de promulgada y reglamentada la misma. A partir del 5° año, los productores deberán continuar realizando las medidas de control de la plaga». O sea que para continuar con un programa nacional integrado en 2021, que asigne un presupuesto a las «unidades ejecutoras» del sector vitivinícola encargadas del combate, hará falta una nueva ley o la actualización de la ley 27.277.
Ante la caducidad de la norma legal, los productores vitivinícolas, gobiernos provinciales, funcionarios y legisladores se plantean cuál ha sido el balance de estas cuatro campañas y cómo seguirá la lucha contra la polilla de la vid. Por un lado, legisladores nacionales mendocinos de Cambia Mendoza pidieron una ley nueva y fondos para ejecutarla. Y desde el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), su presidente Martín Hinojosa manifestó que antes de cualquier gestión de presupuesto consultarán a los productores para medir si los objetivos del plan de lucha se cumplieron y si es necesaria una renovación o medidas alternativas.
Por Pedro Straniero
(pstraniero@enolife.com.ar)
Tras la conclusión del programa de cuatro años que combatió en Mendoza y San Juan la plaga lobesia botrana, un grupo de diputados nacionales mendocinos, encabezado por la legisladora de Juntos por el Cambio Claudia Najul, presentó hace días en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto «para implementar campañas de erradicación de la plaga en las zonas productoras de uva», con el objetivo de «eliminar la plaga en un período de tres años».
A su turno, el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el tunuyanino Martín Hinojosa, dejó en claro que previo a solicitar al Ministerio de Agricultura un nuevo plan y una asignación de fondos, corresponde evaluar si el objetivo de erradicar la plaga se cumplió.
El insecto lobesia botrana, considerado una plaga por su dañina acción sobre los viñedos, fue detectado por primera vez en Argentina en 2010, en una finca de Maipú, casi seguramente tras ingresar desde Chile, donde desde hacía años estaba presente. Tras las cuatro campañas en su contra en Argentina, el Iscamen -«unidad ejecutora» en Mendoza para el plan de lucha- consigna en su página web que el insecto que «ingresó a la provincia hace más de 10 años hoy muestra un descenso en su presencia superior al 95%».
En un comunicado de prensa, la legisladora Najul sostuvo que “la ley que regulaba la estrategia oficial para eliminar el insecto estuvo vigente hasta 2020, por lo que proponemos un marco legal más amplio y ambicioso, que establece pautas de actuación muy claras tanto para el Estado Nacional como para las provincias que sufren la plaga, además de una participación destacada del sector vitivinícola en la toma de decisiones”.
«La iniciativa -continuó la diputada alineada al ex gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo– plantea eliminar la plaga en un período de tres años desde su puesta en vigencia. En la cuarta campaña los organismos fitosanitarios, entes de control y fiscalización, instituciones de investigación tanto provinciales como nacionales, así como representantes del sector productivo, fijarán políticas de consolidación y mantenimiento de los resultados logrados».
Martín Hinojosa: «Nos parece sensato evaluar si el objetivo se cumplió»
El presidente del INV, consultado por Enolife, dejó en claro que desde su organismo seguirán una serie de pasos considerados necesarios antes de acudir a la Nación para solicitar una nueva ley u otro plan de lucha alternativo al que acaba de concluir.
Cabe recordar que Hinojosa, junto a la senadora nacional mendocina por el Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, gestionó ante el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, el envío de $252 millones a Mendoza para concretar la campaña 2020-2021. Esos fondos se sumaron a $170 millones aportados por el gobierno provincial y a $80 millones con que contribuyeron los propios productores, para redondear un presupuesto de $502 millones (ver recuadro) que se aplicaron para terminar la campaña en diciembre con la aplicación aérea de feromonas.
Sobre el requerimiento de un nuevo presupuesto a la Nación, expresó Hinojosa: «Nosotros, antes de salir a pedir fondos para la lobesia, lo que nos parece mucho más de sentido común y sensato es evaluar si los objetivos se han cumplido. Evaluar cómo funcionó el programa, cómo trabajó el Iscamen, si se llegó al destino buscado, y recién ahí ver las correcciones que haya que practicar, ver qué fondos se necesitan y a partir de ahí tomar la decisión».
«Los pasos básicos, según nuestro criterio -continuó el tunuyanino líder del organismo regulador del vino en Argentina-, son primero evaluar el programa, cómo nos fue, si se erradicó la lobesia, y a partir de ahí ver si hay que modificar algunas cosas, si hay que corregir la unidad ejecutora o no, y recién después de esa evaluación, empezar a gestionar la asignación de fondos». Y consideró: «Si uno no evalúa cómo se hizo el programa, cómo funcionó, si se lograron los objetivos, cuáles fueron los aciertos y errores… la verdad es que ir a la Nación a pedir plata por pedir no funciona».
También se refirió Hinojosa al protagonismo que les otorga a los viñateros, primeros beneficiarios o perjudicados de las políticas agrarias. «Hay que hablar con los productores y preguntarles a ellos qué opinan del trabajo que ha hecho el Iscamen respecto a la polilla de la vid… Entonces, a partir de eso, del cumplimiento o no de los objetivos, es que se vuelve a diseñar un plan».
Con respecto al organismo provincial encargado de ejecutar el programa nacional de lucha contra la lobesia botrana, Hinojosa evaluó: «El Iscamen ha hecho bien su trabajo, una tarea prolija en lo administrativo, con un plan muy bien hecho, que nos permitió avalar el pedido de fondos. Ahora el tema es ver si ese plan logró los objetivos, para después plantear cuántos son los fondos que se necesitan, cuánto es lo que ya se erradicó, cuánto va a poner la provincia, cuánto va a poner la Nación…»
Finalmente, el presidente del INV redondeó: «Para hacer esa evaluación tenemos tiempo suficiente antes de la próxima campaña. Siempre estamos a tiempo para mejorar y para controlar, para decir si esto funcionó, no funcionó o funcionó a medias. Eso es lo que nosotros estamos haciendo una vez que terminó la campaña».
