La Confederación de Bodegueros de Gironde, en Burdeos, Francia, le solicitó al gobierno de la región fondos para comprar 30.000 hectáreas en estado de abandono o con viñas viejas poco productivas, para reconvertirlas a otros cultivos alimentarios, ante la caída del consumo de vino y los precios desplomados.
La crisis que atraviesa el sector vitivinícola en Burdeos, Francia, ha llevado a la Confédération Paysanne de Gironde a solicitar la creación de un nuevo instrumento público para gestionar la reducción de la superficie de viñedos. A fines de octubre de 2025, esta organización cooperativa presentó ante la Comuna de Gironde su propuesta de crear un Establecimiento Público de Suelo (EPF), un instrumento legal y financiero que permita comprar los viñedos en situación de abandono o sin relevo generacional. El objetivo es evitar que los productores sigan acumulando pérdidas y deudas, y facilitar la reconversión de estas tierras hacia otros cultivos alimentarios.
La propuesta, que ya se había planteado en ocasiones anteriores, ha recibido el apoyo unánime de los representantes del sector presentes en la reunión, entre ellos la Fdsea, los Jóvenes Agricultores, la Coordinación Rural, el colectivo Viti33, la Cámara de Agricultura, la Interprofesión y las distintas cooperativas. Según un comunicado de la Comuna, se creará próximamente un grupo de trabajo para analizar el interés y las condiciones de creación de este organismo, que contaría con la participación de las administraciones locales, el EPF Nouvelle-Aquitaine, la Safer, la Cámara de Agricultura, entidades bancarias y representantes profesionales.
La Confédération Paysanne argumenta que las medidas actuales, como el arranque de viñas y la destilación de excedentes vínicos, no son suficientes para resolver la situación. El comunicado de la organización señala que la caída del consumo de vino obliga a ajustar tanto las cantidades producidas como las superficies cultivadas. Calculan que podría ser necesario reducir hasta un 50% la superficie dedicada a la vid en Gironde, lo que tendría un fuerte impacto en la economía local y en el medio rural. Por ello, consideran imprescindible un EPF que adquiera los viñedos sin relevo, permitiendo a los viticultores mayores retirarse en condiciones dignas y facilitando el acceso a nuevos productores interesados en otros cultivos.
El funcionamiento del EPF sería colectivo. La región Nouvelle-Aquitaine, el departamento de Gironde, las comunidades de municipios y los ayuntamientos serían responsables de garantizar el interés general del proyecto. La gobernanza incluiría también a la Safer (un mecanismo original de regulación de los mercados de tierra por las organizaciones campesinas y el Estado en Francia), la Cámara de Agricultura, organizaciones profesionales agrarias y asociaciones ambientales y ciudadanas. Las entidades bancarias estarían asociadas al proyecto, ya que su implicación es vista como necesaria para asegurar la viabilidad económica.
Según los cálculos presentados por la Confédération Paysanne, la adquisición de 30.000 hectáreas de viñedo a un precio medio de 6.000 euros por hectárea supondría una inversión inicial de 180 millones de euros. Esta medida permitiría retirar del mercado alrededor de 1,2 millones de hectolitros de vino al año, lo que ayudaría a frenar la caída de precios. Mantener en producción esas mismas hectáreas durante 2 años costaría unos 420 millones de euros, una cantidad que sólo podría financiarse con más deuda para los productores y los proveedores. La organización sostiene que, si no se actúa, las pérdidas para bancos y proveedores serán aún mayores y se traducirán en provisiones por impagos.
La situación económica y social en los viñedos de Burdeos sigue empeorando. La Confédération Paysanne afirma que el descenso de las ventas y el mantenimiento de superficies excedentes han provocado el colapso del sistema y una espiral deflacionista. Según sus datos, el 80% de las explotaciones vitícolas de Burdeos se encuentran objetivamente en situación de insolvencia. Los precios de los vinos almacenados y de las propias viñas han desaparecido del mercado, lo que agrava aún más la crisis.
El grupo de trabajo anunciado por la Comuna deberá analizar en los próximos meses cómo poner en marcha este instrumento público y qué recursos serán necesarios para su funcionamiento. El objetivo es evitar una reconversión desordenada de los viñedos y ofrecer una salida viable tanto para los productores como para el territorio.
Fuente: Vinetur
