El pasado 3/7/25 varios medios de prensa argentinos accedieron a un borrador y divulgaron el decreto en preparación que el presidente Javier Milei estudia para firmar y publicar -entre hoy 7/7/25 y mañana- en el Boletín Oficial, por el cual se les quita a estos organismos la autarquía, se les limita las funciones, degrada en jerarquía y absorbe en la Secretaría de Agricultura nacional. Esta reestructuración de las entidades vinculados a la política pública agropecuaria genera una fuerte preocupación entre sus miles de empleados, quienes desde que se conoció el plan oficial vienen manifestando en todo el país.
El ministro de Desregulación y Transformación de Argentina, Federico Sturzenegger, impuso su criterio frente a la oposición de algunos de sus pares del Gabinete del presidente Javier Milei y, al parecer, convenció al mandatario argentino de que firme el decreto, para publicar entre hoy y mañana, para eliminar y centralizar al menos 8 organismos vinculados a la industria y el campo, en su mayoría bajo la órbita del Ministerio de Economía. El objetivo es achicar el gasto, efectuar despidos y concentrar una caja que podría superar los $ 500.000 millones.
Según el proyecto, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) perderán jerarquía y autonomía, mientras que el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena (Inafci) y el Instituto Nacional de Semillas (Inase) serán disueltos, y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) serán «transformados».
La norma también deja la puerta abierta a una nueva tanda de miles de despidos en la administración pública, así como para la venta de campos y otros inmuebles que son propiedad de dichos organismos.
El texto de este decreto interviene no sólo en la gobernanza del INTA, que está a punto de cumplir 70 años, sino también en el INV, en el Inase, en el Inafci y hasta en la Agencia Reguladora de la Industria del Cannabis (Ariccame), entre otros sectores del Estado. Por eso se presume que será resistido con gran cantidad de recursos ante la justicia por los actores involucrados.
El texto del decreto
“Como bases de la referida delegación legislativa se establecieron: a) mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común; b) reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas y c) asegurar el efectivo control interno de la Administración Pública Nacional con el objeto de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas”, dicen los considerandos del decreto.
El Gobierno centralizará el Instituto Nacional de Vitivinicultura en una unidad dependiente de Agricultura y se eliminará el fondo destinado al fomento de la vitivinicultura.
En otro de sus párrafos se argumenta: “A fin de garantizar una mayor coordinación en la administración de los recursos públicos y promover una gestión más ágil y centralizada se inició un proceso de evaluación de los órganos y organismos que integran la Administración Pública Nacional a fin de analizar su posible disolución, fusión y/o transformación cuando existan razones justificadas”.
Citando informes de propia confección de la cartera de Desregulación, el decreto afirma que “los organismos desconcentrados y descentralizados contaban con un elevado número de unidades organizativas, el que ascendía a 477 autoridades superiores, lo que dio lugar a una estructura excesivamente onerosa para el Poder Ejecutivo”. Al 2010, en tanto, esos mismos organismos tenían una dotación de 35.481 agentes, cifra que creció a 88.095 agentes al año 2024, “lo que evidencia un incremento sustancial en su dotación de personal”.
Los cambios en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV)
El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) se transformaría en una “unidad dependiente” de la Secretaría de Agricultura. Si bien conservaría su nombre para mantener su reconocimiento internacional, dejaría de operar como organismo autónomo. La decisión se sustenta en un diagnóstico oficial que describe al INV como una estructura sobredimensionada y alejada de las prioridades actuales, en un contexto de contracción sostenida del sector vitivinícola.
En orden al parecer alfabético comienza con la Agencia Regulatoria de la Industria de Cáñamo y el Cannabis medicinal (Ariccame), ahora intervenida. “La citada Agencia está a cargo de un Directorio conformado por 5 miembros, un Consejo Federal de 25 integrantes y un Consejo Consultivo de 20 representantes, lo que configura una sobredimensión jerárquica y funcional con fuerte impronta política, territorial y presupuestaria que no se condice con la eficiencia”.
En el caso del Inafci, el Instituto de Agricultura familiar, Campesina e Indígena, también se disuelve. También se disolverían el Inase y la Conase, ambos organismos dependientes de Agricultura y que cuentan con participación del sector privado.
En el caso de la vitivinicultura, el proyecto de decreto propone “Dispónese la transformación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) en una unidad organizativa dependiente de la citada Secretaría”.
Lo mismo, pero dependiendo de la Secretaría de Industria y Comercio, propicia Sturzenegger para el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). A renglón seguido, el mismo camino seguirá el IMPI, dedicado a la defensa de la propiedad intelectual y las patentes.
El artículo 59 del decreto explicita: “Dispónese la transformación del INTA, organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Economía, en un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Agricultura”.
Para confirmar la hipótesis de que estas decisiones podrían venir acompañadas por la subasta de muchos inmuebles, en el caso del INTA se habló de hasta 70 mil hectáreas de campos, el decreto dispondría que “los titulares de los organismos transformados conforme el presente Título deberán remitir a la
Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), un listado completo y actualizado de la flota automotor, aérea, naval, así como de la maquinaria agrícola, industrial y vial asignada a dichos organismos”, además de “la información actualizada de bienes inmuebles asignados a dichos organismos”.
“Dispónese que los bienes inmuebles y vehículos identificados como sin uso o innecesarios, conforme al relevamiento previsto en el artículo anterior, serán transferidos a la AABE”, se establece en el siguiente artículo.
Para terminar, el decreto propiciaría realizar “una propuesta de adecuación de la estructura organizativa de la Secretaría de Industria y de la de Agricultura, que incluya la incorporación de los organismos transformados”.
Fuentes: Bichos de Campo, Clarín, La Nación y propias.
